Después de más de un año de revisión, el nuevo Código de Policía fue aprobado el 17 de junio en último debate de la Cámara de Representantes. El lunes siguiente fue conciliado en el Senado y poco más de un mes después, fue sancionado por el presidente Juan Manuel Santos.

El articulado resultó controversial para varias organizaciones defensoras de derechos humanos, que aseguran que limita las libertades y que otorga un papel fundamental al criterio de los oficiales de policía para aplicar las normas.

Y es que, si bien la sociedad colombiana ha cambiado sustancialmente desde hace 45 años, cuando se diseñó el código anterior, también lo han hecho las políticas estatales que han avanzado hacia el reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales amparados en la Constitución de 1991.

 No obstante, el Gobierno Nacional insistió asiduamente para que el Congreso aprobara la iniciativa. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, señaló durante el último debate que los colombianos “vamos a tener que volver a pensar en que nuestro comportamiento como ciudadanos tiene que tener un cierto código y este lo que va a permitir es una mejor convivencia, pues la falta de tolerancia es hoy una de las principales causas de violencia en el país”.

Algo diferente opinó en ese entonces el docente e investigador en Seguridad y Conflicto, Jorge Giraldo. Para el experto, el texto inicial del proyecto “es un desastre, porque precisamente eso lo que hace es seguir penalizando las pequeñas contravenciones y seguir tratando cualquier tipo de conducta social que pueda considerarse relativamente desviada, considerarla como un delito.

Y en las sociedades occidentales modernas, de lo que se trata es de permitir la mayor libertad de los individuos, de proteger a los individuos respecto a violaciones importantes de su esfera privada”. 

Tanto revuelo causó la iniciativa dentro del mismo Congreso, que para el debate final en la Cámara se presentaron alrededor de 800 propuestas de modificación. La representante Angélica Lozano precisó que se lograron mejorar 53 de los 246 artículos.

Una de las medidas más polémicas contempla la posibilidad de que las personas que transiten en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas por lugares públicos, así como otros infractores, puedan ser conducidos a una estación de Policía para la realización de un proceso verbal inmediato.

También fue muy debatida la posibilidad de que los agentes ingresen a viviendas sin orden judicial cuando “sea de imperiosa necesidad”. La complejidad radica en la racionalización del uso de la fuerza policial. La ley sólo indica al respecto que los policías podrán escoger el uso de fuerza que menor daño cause a la integridad de las personas.

Unicef denunció vicios
Roberto de Bernardi, representante de Unicef en Colombia, envió el 17 de junio una carta a los representantes de la Cámara señalando que varios de los artículos aprobados tendrían vicios y vulnerarían los derechos de los niños y los adolescentes. 
De Bernardi manifestó que una atribución como la que se le concedería a los alcaldes para imponer toques de queda a menores de edad, es una grave restricción de la libertad fundamental y la movilidad y fomenta un estigma hacia esa población.
En septiembre, la Alianza Verde y el Polo instauraron una demanda a dos artículos del Código por inconstitucionalidad, que a la fecha no ha prosperado.