De sus 28 años de experiencia política, a Fernando Carrillo Flórez lo enorgullece el liderazgo en el movimiento que impulsó la Séptima papeleta, con la que el pueblo soberano exigió, siendo respetado por los gobiernos Barco y Gaviria, convocar una Asamblea Constituyente que buscaba dar fuerza al Estado, para cumplir sus misiones de garantizar libertades y derechos, combatir la corrupción y luchar contra el narcoterrorismo. El papel con que nació a la vida pública alimenta esperanzas en una actuación independiente con que puede dar más lustre a su trayectoria, a semejanza del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, su colega en el Gobierno del presidente Gaviria.

Cualquiera sea el momento, los retos de la Procuraduría General son complejos. Hoy, ellos tienen que ver con las actuaciones de los poderes en el marco del posacuerdo y la debilidad institucional frente a la corrupción.

Cabalgando sobre la recién publicada sentencia en que la Corte Constitucional determinó ajustados a la Constitución los artículos primero y segundo del Acto legislativo para la paz, que establece la vía rápida “como nuevo procedimiento” para realizar reformas constitucionales “que no sustituye el equilibrio de poderes”, según la Corte (ver en: https://goo.gl/xkWs6s), así como sobre el controversial auto del Consejo de Estado contra los resultados del plebiscito, el Gobierno del doctor Santos y el Congreso han apresurado la aprobación de la amnistía, sobre la que persisten dudas de defensores de Derechos Humanos y de juristas, y anuncian hacer lo propio con la Justicia especial para la paz. Habiendo sido silenciado el Congreso, corresponde a los órganos de control y a los judiciales, garantizar la vigencia de la Carta de 1991, las instituciones y procesos que garantizan la democracia. En tanto emitirá conceptos, no obligatorios pero sí esclarecedores, y será vigilante de las actuaciones de los funcionarios públicos, el doctor Carrillo tendrá, pues, la oportunidad de defender los principios de la Constitución que su generación inspiró y él ayudó a diseñar. 

El mundo conmemora hoy el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, que concluyeron con la desmovilización del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fmln, y con el desmonte de grupos paramilitares de ultraderecha, asociados al partido Arena. La vigencia de los acuerdos ha permitido la ampliación de la política en ese país y el arribo de la izquierda al poder mediante vías democráticas. La paz, sin embargo, no ha devenido en respeto a la vida, pues la tasa de homicidios es de 64 por 100.000 habitantes, sólo superado por Honduras, y se calcula que sólo en 2016 migraron 15.000 personas que huían de las maras. Tampoco ha significado en respeto a las libertades o estabilidad, factores que vienen decreciendo sistemáticamente desde 2002, según análisis de la Fundación Heritage. Las condiciones de vida y estabilidad de El Salvador tras los acuerdos de paz contrastan con las que ha logrado Irlanda, tras la vigencia del Acuerdo del Viernes Santo que produjo la desmovilización del Sinn Fein y su incorporación a la política. Hoy ese país registra tasas de homicidio de 1,1 por cien mil habitantes, una tasa casi tres puntos por debajo de la de Estados Unidos y cercana a la de Australia; Irlanda goza, además, de buena salud en protección de los derechos y libertades, según Heritage. En ambos procesos igualmente importantes para el mundo, la diferencia fue marcada por las instituciones, su buena marcha y la estabilidad que se les garantizó en el marco de las decisiones de paz.

El procurador Carrillo tendrá que abanderar la lucha contra la corrupción, otro de los graves problemas causados por debilidades institucionales. Y estará abocado a confrontar sus manifestaciones evidentes en las operaciones de las transnacionales del soborno, como Odebrecht hoy y Siemens ayer, que actúan para garantizarse caminos abiertos a sus incumplimientos y reclamos multimillonarios. Pero la necesidad de vigilar y sancionar las conductas de los funcionarios públicos frente a estos mañosos  contratistas, no debe ocuparle toda su capacidad ante el surgimiento de nuevos actos corruptos que seguramente surgirán de una multitud de contratos en el marco del posconflicto, buena parte de ellos de difícil medición y verificación.