Cuando la Misión de Observación Electoral, MOE, informa en enero de este 2018 que hay 82 municipios colombianos que tienen más votantes que habitantes, se prenden las alarmas. Antioquia y Boyacá, van a la delantera con 13 municipios cada uno en la tristemente célebre lista. Las diferencias son abismales, pues marcan entre el 25 y 35% de desfase porcentual entre el censo electoral y el poblacional. Es una evidencia de trashumancia de la más nefasta condición. Por ejemplo, en Charalá, se registraron 4 veces más cédulas que la tasa nacional.

Otro tema de impudicia es el voto de los muertos. Se recuerda el año 2015, donde en el Chocó hubo un monumental fraude electoral con votos de personas fallecidas, que hizo que algunos candidatos pudieran retener sus curules. Gracias a la gestión de Pablo Bustos, de la Red de Veedurías, se destapó esta monstruosidad y pudo echarse para atrás dicha infamia. Y eso que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el año 2011, eliminó 800.000 muertos del censo electoral, como un avance de transparencia. Pero ni así, se conjura tanta aberración electoral para los insaciables corruptos.

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Esta semana, el controvertido senador Armando Benedetti, denunció que en el Departamento del Atlántico se colaron 4.000 jurados de votación con el único propósito de manipular el conteo de votos y cometer fraude. Y delató que esas personas ni siquiera aparecen en el sistema de seguridad social y no tienen ligazón con las empresas que aparecen como sus empleadores. Y habló, entonces, de una red de jurados de votación que los introducen falsamente para los intereses de un cartel de compra de votos.

La Fundación Paz y Reconciliación, publicó un informe en donde asegura que la diferencia entre los resultados del preconteo y del escrutinio que se dieron en las dos últimas elecciones en nuestro país, son indicio de fraude electoral. Y dicho informe, tiene un título escabroso: “Así se roban las elecciones en Colombia”. Esta Fundación, menciona que entre un 10 y un 20% es el cálculo de manipulación que hubo para alterar los resultados del Senado de la República en las últimas elecciones.

Y estas denuncias causan pasmo: En Colombia se cobran $ 2.500 millones por colar o meter jurados de votación en pro de un candidato en particular, que sean determinantes para su elección. De igual forma, en este país, para reacomodar votos (cambiazos en el los formularios E-14 y E-24), hay tarifas, así: a) de $ 1.200 millones para Cámara de Representantes y b) de $ 1.800 millones para Senado. Otra corruptela se conoce como “anillo” y es que jurados de votación comprados utilizan puntas de esfero para marcar votos en el reconteo y anular los que van ganando (por doble equis), en favor de los que pagan. Chanchullo listo, anomalía triunfante.

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Hay un hecho que no tuvo toda la difusión que merecía: El Consejo de Estado emitió un sonoro fallo en el que manifestó que en el año 2014 al Partido Mira le robaron las elecciones con un mega-fraude violento que incluyó destrucción de material electoral y sabotaje y manipulación del software de la Registraduría. Finalmente, se le devolvieron 3 curules al Partido Mira y la alta corte advirtió acerca de la vulnerabilidad del proceso electoral colombiano. Y no olvidar también que al Movimiento Colombia Justa y Libre, se le embolataron más de 40.000 votos entre el preconteo y el escrutinio final.

El registrador Juan Carlos Galindo considera que es irrespetuoso hablar de fraude en Colombia. No sé en qué país vive el doctor Galindo, porque aquí hay trasteo electoral a granel al igual que desfachatada compra y venta de votos, pero por borbotones. Por algo existen la plataforma digital www.pilasconelvoto.com y el hashtag #Pilasconelvoto, así como la línea 018000 112 101. Yo siendo presidente de una colectividad política hubiera exigido un registrador ad hoc.