Por segunda vez en apenas nueve meses, el Gobierno prometió a los chocoanos favorecerlos en el conflicto limítrofe por la soberanía sobre Belén de Bajirá. De nuevo, tal decisión facilitó el levantamiento del segundo capítulo del paro cívico convocado para exigir inversión física y social en Chocó. La concesión del hoy ministro Rivera y el secretario Prada se hizo desconociendo la Constitución, la competencia del Congreso, las actuaciones históricas, legítimas y respetuosas del departamento de Antioquia, y la voluntad de la mayoría de pobladores de ese corregimiento de Mutatá, Antioquia.

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El conflicto por la soberanía de Belén de Bajirá se remonta a la ordenanza 47 del 19 de junio de 2000, por la cual la Asamblea de Chocó interpretó la Ley 13 de 1947, que creó la Intendencia de Chocó (departamento desde 1991) como autorización para apropiarse del territorio de Belén de Bajirá, vinculado y desarrollado por Antioquia. Tal actuación abrió un conflicto limítrofe que los departamentos y la Nación han tramitado respetando el marco constitucional (art 290) y su desarrollo normativo (Ley 1447 de 2011), que hacen al Congreso responsable de definir y actualizar “los límites de las entidades territoriales”, sobre los que se hace la publicación “del mapa oficial de la República”.

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La resolución de la soberanía sobre ese territorio de 2.500 km2 ha abierto un debate, todavía no zanjado técnicamente según lo demostró el Congreso en diciembre pasado, por las definiciones de la Ley 13 de 1947, que fijó los límites entre Antioquia y Chocó. En ella, según explicamos en el editorial El litigio por Bajirá, del 6 de octubre de 2007:  “La base de referencia es el río Tumaradocito, cuyo curso se ha modificado sustancialmente en los últimos 60 años”. Existiendo tal dificultad, correspondería a la ciudadanía, en consulta popular que el ministro Cristo desestimó, o, en su defecto, a los congresistas, sus legítimos representantes, definir la pertenencia de Bajirá, zanjando el diferendo. Dada la envergadura del problema, esta definición es un proceso complejo, que exige a las partes exponer argumentos y debatirlos sin temor a tener que saltar zancadillas y debates que no son del caso, hasta que alguna demuestre la veracidad de su reclamo. 

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La complejidad de la situación fue desconocida por un gobierno listo a negociar desde su visión centralista, así tenga que ignorar la Constitución y la Ley, desconocer derechos de unos para garantizarlos a otros y borrar los límites entre poderes, formando una autocracia que sustituye legitimidad por argumentos deleznables, como el de la supuesta superioridad del “derecho a la paz”, y cambia legalidad, como la que soporta lo actuado en diciembre por las comisiones de ordenamiento territorial de Senado y Cámara, que trataron el diferendo por Bajirá, por el populista paternalismo que ofrece regalar lo ajeno para resarcir a la población abandonada por el Estado central y, valga la verdad, por sus propios gobernantes, muchos de ellos corruptos.

La evidente ilegalidad de lo actuado, alertada en oportuna misiva dirigida al presidente por el gobernador Luis Pérez, es colindante con su ilegitimidad política e histórica, fruto ya visible de la zancadilla centralista cargada de prejuicios contra Antioquia y a favor de la dirigencia chocoana. Las negociaciones y las comunicaciones del director del Igac, Luis Antonio Nieto Escalante, anunciando la definición técnica de un mapa que anexaría a Chocó los territorios de Belén de Bajirá y otros corregimientos, han sido aclimatadas por publicaciones periodísticas que ante el desconocimiento histórico y técnico del conflicto, caen en simplismos y soluciones aparentemente "salomónicas" sin estudiar los sólidos argumentos que la Gobernación de Antioquia ha construido en estos 17 años. 

El acuerdo, que no equivale a ley ni puede contrariar la ley, y la prometida publicación de un mapa no revisado por el Congreso, no se ponen, como lo hace el actual gobierno, por encima de las instituciones y del orden jurídico, que son las rutas que la dirigencia antioqueña anuncia estar lista a recorrer para defender su territorio y la Constitución. Con sentido de justicia, y voluntad de defensa racional de lo que a Antioquia pertenece, acompañaremos los debates de control político y las acciones ante autoridades disciplinaras e instancias judiciales que garantizarán la preservación de la unidad nacional, el retorno del conflicto a sus cauces naturales y la defensa de las instituciones democráticas en una república que todavía está en deuda con el compromiso de la descentralización y a la espera de formalizar medios de cooperación entre vecinos, como la que Antioquia ha brindado históricamente a sus hermanos chocoanos.