No es la primera vez que mediante el uso de la retórica, Gustavo Petro busca salirse con la suya pasando por encima de las normas. Fue así como se aferró, como náufrago a su tabla, a la alcaldía de Bogotá después de que la Procuraduría lo destituyera en 2013, independientemente de que dicho fallo hubiese sido anulado años después. Esta vez, lo que hizo ¿con premeditación? fue desconocer los requisitos exigidos por la alcaldía de Medellín para llevar a cabo una manifestación proselitista el pasado jueves y luego esgrimir la no autorización de la misma como una censura, ante la cual invitó a sus seguidores a levantarse, argumentando que no necesitaba permiso “de los corruptos” para ejercer el derecho constitucional a la reunión.

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Grave  precedente el del candidato presidencial, quien ahora saca provecho de la lucha contra la corrupción para hacerse víctima del Estado, sea cual sea su personero, y erigirse como el dueño de la fórmula salvadora, a expensas de la ley y haciendo alarde de su ya conocida soberbia. ¿Olvida, acaso, el señor Petro, que las normas, que están aprobadas por el poder Legislativo, y en algunos casos son expedidas por el propio Ejecutivo, son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos, incluidos los candidatos a la presidencia? ¿No debería ser él, como aspirante a la primera magistratura, el llamado a respetar y promover el acatamiento de la ley?

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La razón de la alcaldía de Medellín para no autorizar el certamen político fue el no cumplimiento de lo estipulado, entre otras normas, en el Código Nacional de Policía y en el decreto municipal 1199 de 2011 que reglamentan la realización de espectáculos públicos y demás actividades “que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente”, quedando en evidencia al menos seis fallas, entre las que se encontraban supuestos incumplimientos en la normativa de seguridad humana, matriz de riesgos (tarima y sonido), servicio de logística y  plano de evacuación, según un comunicado emitido por la municipalidad, en el que se añade que no se presentó a la Alcaldía de Medellín la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida por la ley, no se entregó la documentación requerida que diera cuenta del pago de derechos de autor y no se entregó la documentación del grupo de aseo y servicios sanitarios para garantizar el buen desarrollo del evento.

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Aplaudimos la actitud del mandatario municipal pues su deber es, precisamente, hacer cumplir las normas, y rechazamos las insinuaciones hechas por los seguidores del candidato Petro en el sentido de que la decisión se tomó contra él por motivaciones políticas. Medellín ha ido ganando poco a poco en la cultura de hacer cumplir las normas por igual y ni Petro ni ningún otro candidato puede escudarse en razón alguna para incumplirlas y mucho menos retar a la autoridad local como lo hizo, en lo que más bien parece una estrategia de campaña, bien calculada y bien correspondida, para generar mayor visibilidad mediática.

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Lo lamentable es que el alcalde Federico Gutiérrez haya caído en la tentación de salir al debate en redes sociales con el candidato, pues la norma habla por sí sola. En primer lugar, a nuestro modo de ver no es la red social Twitter, ni ninguna otra, el canal adecuado para un debate de este tipo. Y, en segundo lugar, al responder, además del riesgo de ser acusado de participación en política, Federico Gutiérrez le facilitó al candidato la creación del escenario ideal para su propósito, con visos de incitación y desacato público, al cual los medios de comunicación capitalinos le sirvieron como caja de resonancia. Lamentable también, aunque tal vez sea comprensible que haya querido bajar la temperatura del hecho, que finalmente se haya permitido que la manifestación se llevara a cabo sin que la Alcaldía hubiera hecho nada para impedirlo, a pesar de tener, insistimos, la ley de su lado.

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No podemos dejar de mencionar que nos sorprendió la reacción complaciente de los medios de comunicación nacionales, que en su mayoría prefirieron calificar de exagerada y hasta de "palo en la rueda", la decisión del alcalde de Medellín. Es curioso cómo cambian las cosas, pues cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y pretendía hacer las cosas a su manera, omitiendo la ley, todos lo señalaban con el dedo acusador. Debe ser que no ven tan malo saltarse la ley en la provincia.

Comentarios:

JOHN JAIRO
2018-02-24 08:48:21

Que el Alcalde no siga el jueguito en las REDES! Los Ciudadanos estamos para seguir fortaleciendo la cultura de la disciplina y el orden que caracterizan a Medellín y que cualquiera que sea la campaña electoral se ciña a la normatividad vigente de ocupación del espacio público..hacer respetar la ciudad no es intervención en política es hacer cumplir la política del orden ciudadano venga de donde viniere la vulneración al orden y la convivencia.

Edgar
2018-02-24 07:36:59

Queda resumido en el editorial todo cuanto se pueda decir acerca del inefable Petro. Para él no hay normas ni leyes, ya lo demostró en la capital. Sólo basta agregar que , caso de llegar a la presidencia de este país, vayamos arreglándonos para ver cómo deroga lo que queda de la constitución , las leyes, el parlamento.

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