La Corte Constitucional ordenó la semana pasada al Gobierno Nacional adelantar las gestiones pertinentes para recuperar 122 piezas del tesoro Quimbaya que el presidente Carlos Holguín Mallarino le obsequió en 1892 a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, al considerar el alto tribunal que ese hecho viola tres artículos de la Constitución que niegan la posibilidad de enajenar el patrimonio cultural de la Nación.

Aunque la sentencia es terreno fértil para la controversia, el país debe cuidarse de que no se abran troneras donde no las hay, pues la tradición internacional es generosa en casos en los cuales países que perdieron tesoros a manos de colonizadores o potencias hicieron lo posible para recuperarlos.

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Es importante entender el momento histórico en el que el presidente Holguín Mallarino entregó las piezas arqueológicas, pues entonces el país subvaloraba la riqueza material y cultural de su ancestro indígena. Todavía hoy nos sigue sorprendiendo la riqueza de la orfebrería nativa y sabemos también que la riqueza patrimonial no está representada solamente en el oro sino en la cerámica. Según estudios académicos, buena parte del mismo tesoro reposa en el Museo Field, de Chicago, y solo una pequeña parte quedó en Colombia, por lo cual el país bien podría pedir en devolución al menos unas 300 piezas, según la Universidad Nacional.

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Aunque la Cancillería colombiana señaló el viernes que no había recibido el fallo de manera oficial, la canciller María Ángela Holguín reveló haber sostenido ya conversaciones con su homólogo español, Alfonso Dastis, quien habría respondido de manera amable. Esperamos que tal cortesía se traduzca en transparencia y no en la manera de ocultar cartas para la negociación que ambos gobiernos deben adelantar y que es la mejor manera de zanjar la situación.

No hay lugar a temores sobre la capacidad del país para la conservación del tesoro, pues Colombia cuenta con la experiencia suficiente en el Museo del Oro, que con más de 34.000 piezas de orfebrería precolombina y más de 25.000 en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles, se constituye en el poseedor de la mayor colección prehispánica del mundo. Este debe ser el punto de partida para que las piezas recobradas permitan avanzar en la investigación sobre nuestra identidad cultural, pues el país, escenario de culturas medianas en la época, es tal vez el que posee el menor conocimiento sobre su tradición y su pasado, mucho del cual aún no se entiende o se desconoce.

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En lo que el país no puede caer es en la discusión que plantea que reclamar el tesoro Quimbaya conlleva a perder la soberanía sobre el Galeón San José, pues son dos cosas distintas, imposibles de comparar desde la perspectiva jurídica.

Mientras el tesoro Quimbaya tiene un valor que no es el del oro sino el de la memoria histórica y patrimonial, el régimen jurídico aplicable al Galeón es el de un patrimonio sumergido cuyo valor está en su contenido. Además de que una Corte en los Estados Unidos declaró la propiedad del Estado colombiano sobre el mismo, el Gobierno blindó jurídicamente su derecho, señalando las condiciones para ejercer soberanía. No puede imperar, entonces, el miedo a perder un tesoro u otro, pues el contexto histórico, el valor patrimonial y el derecho internacional que aplica en ambos casos son diferentes. Lo que prima aquí es la obligación del país a defender lo que le pertenece.