Después de que recibieran de la ONU, a quien se lo entregaron las Farc, el listado de 135 páginas en que estarían enunciados los bienes que esa guerrilla reconoce poseer, el Gobierno, la Fiscalía General y la Procuraduría General, enfrentan el reto de revisar la lista, cotejarla con las que ellos deben haber construido, aclarar vacíos y contradicciones, para finalmente someter listado y responsables a las obligaciones del acuerdo final.

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La destinación prioritaria de los bienes que las Farc se obligan a entregar al Estado es la reparación de víctimas. Pero esa reparación directa debe cumplirse con aquellos bienes que no tienen un dueño legítimo víctima de despojo de esa organización. Esos propietarios privados de lo suyo en acciones criminales deben ser restituidos y compensados con pago de daños y perjuicios. Esto significa que sus bienes no pueden ser incluidos en los que se usarán para reparación de víctimas.

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Cuando lanzaron su artillería propagandística y política contra la entrega de bienes, las Farc declararon, a través del abogado Enrique Santiago, que infraestructuras construidas por ellos, obviamente para llevar adelante sus negocios ilegales, estarían en esa lista de entregables. Si los periodistas admitieron sin mayor duda que esa organización podía intervenir bienes públicos, peor aún si son privados, con mejoras a su beneficio, mal pueden las autoridades colombianas aceptar tal tesis y admitir que esas “construcciones” puedan ser usadas para una reparación. Para lo que sí podrían usar la relación de esos bienes es para dilucidar cómo ha operado el negocio del narcotráfico de las Farc y qué obligaciones imponerles a las Farc por él.

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La lista entregada es la que las Farc tienen interés en mostrar. Que no es lo mismo que la lista real y menos que el reconocimiento que la Fiscalía General y la Procuraduría han de haber construido sobre los distintos bienes de ese grupo: predios, títulos, cuentas bancarias dentro y fuera del país -aún en paraísos fiscales-, así como negocios aún vigentes, como los que el Gobierno de Estados Unidos les ha incluido en la lista Clinton.

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Identificar con máximo rigor y exhaustividad las diferencias entre la lista fariana y las oficiales es una responsabilidad de máxima importancia para las autoridades que quedan obligadas a establecer las faltas a la verdad en este caso e imponer las sanciones contempladas en el acuerdo final, que son las de pérdida de la gabelas recibidas por la desmovilización y la entrega de los casos a la justicia ordinaria.

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Comentarios:

John
2017-08-19 13:57:59

Ojalá el mismo interés que se muestra por perseguir los bienes de las Farc también se mostrara para perseguir los bienes de las bandas criminales y de los combos de la ciudad, que desangran al ciudadano común semana a semana: cobro de vacunas a todo negocio, cobro por uso de espacio público como parqueo alrededor del estadio, vacunas a cada casa disfrazada de colaboración "p'al celador", apropiación de sectores económicos como venta de huevos, arepas, transporte informal, edificios de 24 pisos en barrios populares ¿se necesita más para llamar la atención de las autoridades y del Estado?

Edgar
2017-08-18 12:30:35

Para revisar con éxito la lista entregada por los farianos, se necesita primero que todo un ente serio e imparcial, y segundo, dispuesto a investigar hasta el último rincón inimaginable. Quedan las dudas de si todo esto se pueda dar en algún organismo existente. Lo hay ?

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