El ciudadano Óscar Giraldo ha interpuesto una acción popular contra la Alcaldía de Medellín, pretendiendo que la justicia ordene detener la etapa 1B de Parques del río Medellín, no obstante ser este un proyecto avanzado en su construcción. Ha indicado el querellante que la Alcaldía al contratar la construcción sin haber cumplido el traslado de rede de servicios públicos domiciliarios provocó el retraso del proyecto. Tal argumentación desconoce la metodología de contratación de obras y ejecución de traslados de redes de servicios públicos domiciliarios, al menos la de Medellín, y casos exitosos con ella.

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La acción del ciudadano Giraldo es exótica y tardía, toda vez que la obra fue adjudicada y contratada en noviembre de 2016. A pesar de esos defectos, la acción ha permitido hacer visible el notorio retraso en el cronograma de un proyecto que debía ser entregado en febrero de 2018 y hoy se considera que apenas va a estar listo en junio de 2019, o sea que ya tiene retraso del 75% en el cronograma de ejecución, y la generación de mayores costos de obra, por lo menos. Puesta en evidencia esta circunstancia, voceros de la Administración Municipal se escudan en el proyecto que recibieron para excusar las demoras.

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Un instrumento cierto y objetivo para evaluar responsabilidades en estos retrasos es la comparación con una obra equiparable en su dimensión, ubicación, exigencia técnica y costo: la etapa 1A de Parques del río Medellín. Esta obra fue ejecutada con pleno cumplimiento del presupuesto definido apara su construcción. En cuanto al cronograma, el soterrado fue entregado en once meses, adelantando en un mes el tiempo inicialmente definido, y la adecuación de la zona de parque apenas tuvo un retraso de cuatro meses, eso sí sin contar con la adecuación de la zona comercial y el CAI, obras que la actual administración no ha entregado. Muy distinto ha sido el comportamiento de la Etapa 1B, que sufrió sus primeros retrasos en la demora del actual gobierno para dar la orden de inicio de obra, así como en los errores del contratista de EPM para el traslado de redes, que debió ser reemplazado. A estos hechos se le ha sucedido demoras, que los expertos atribuyen a su precaria administración, en el proceso de construcción y entrega de los componentes de la obra.

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Trascurridos más de 28 de los 48 meses de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez mal puede su equipo seguir exculpándose en el pasado para eludir las respuestas que debe dar sobre sus actos. Y la de las razones para que se hayan presentado tan grandes retrasos, y los consecuentes sobrecostos, en la obra de mayor tamaño y capacidad transformadora emprendida por el Municipio de Medellín en su historia, bien merece análisis objetivos y discusiones sin fantasmas de por medio, como la mencionada acción popular que estudia un juzgado administrativo de la ciudad.