El chavismo solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela enjuiciar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y pidió la prohibición de su salida del país, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones contra un grupo de magistrados y la Asamblea Nacional Constituyente.
El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó este viernes al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal contra quien también pidió la congelación cautelar de sus bienes.
A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.
Todas las anteriores son causales de una falta grave, según la ley orgánica del Ministerio Público, que leyó Carreño.
“Además pedí dos medidas cautelares, la primera es la prohibición de enajenar, gravar, ceder, vender, permutar, cualquiera de sus bienes, para preservar el patrimonio”, indicó para señalar que si se determinara algún daño al patrimonio se debían asegurar los bienes para resarcir el daño.
La siguiente medida responde a que el chavismo evalúa el proceder de la fiscal “como la génesis de las actuaciones de las personas que se van a fugar del país y por lo tanto en el escrito hemos solicitado una prohibición de salida del país”, añadió el diputado.

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La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, el diputado no explicó cómo se completaría este proceso si se calificara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.
Carreño pide además que con base a esas faltas “se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no sólo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada”.
El chavismo emprendió esta medida luego de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella hace parte, y en coordinación con el Parlamento.
Por estos supuestos vicios, el diputado opositor Juan Miguel Matheus introdujo este viernes una denuncia ante la Fiscalía contra dos funcionarios que componen el Consejo Moral Republicano, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo.
El TSJ, que rechazó la solicitud de la fiscal contra los 33 magistrados, declaró “no a lugar” la petición de esta de antejuicio de mérito a los ocho magistrados de la Sala Constitucional para ser investigados por la decisión de esa corte con la que asumieron las facultades del Parlamento.

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En consecuencia el máximo tribunal decretó “el sobreseimiento de la causa”.
La medida de “antejuicio de mérito” solicitada a la plenaria del TSJ recaía sobre los magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana- Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.
La fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo, se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico con la convocatoria a una Constituyente.
Este proceso de cambiar el ordenamiento jurídico mantiene en Venezuela protestas a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y durante este viernes murió el joven Nelson Arévalo, de 22 años, quien fue herido en el cuello durante una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara (centro oeste).
Con la muerte de Arévalo se eleva a 74 el balance de víctimas mortales durante la oleada de manifestaciones que inició el pasado 1º de abril.
Este viernes también se dio una protesta en Caracas de los estudiantes de la universidad privada Alejandro de Humboldt (UAH) para rechazar la entrega de sus datos personales al Poder Electoral por parte del rector de la casa de estudios lo que, especulan, será usado para respaldar la Asamblea Constituyente.