La creación y próxima entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es el sistema de justicia transicional en el que serán juzgados, entre otros, los guerrilleros de las Farc, con base en lo pactado en el proceso de negociación con esa organización en vía de desmovilización, vuelve a recordar y a poner en primer plano los asesinatos del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y de su asesor de Paz, el exministro Gilberto Echeverri Mejía.
La muerte violenta y durante su secuestro de estos dos conocidos dirigentes antioqueños a manos de miembros de las Farc va a cumplir este 5 de mayo 14 años de haber ocurrido en las selvas del municipio de Urrao y retoma plena vigencia y actualidad, cuando en el país existe enorme expectativa en torno a cómo operará ese sistema de justicia transicional para las reincorporadas Farc y a que varios de sus actuales cabecillas fueron declarados culpables del secuestro y asesinato de Gaviria C. y Echeverri M., de ocho efectivos de la Fuerza Pública y por otros muchos más casos juzgados a lo largo de todo el país y de la trayectoria criminal de más de 50 años de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El interés por este múltiple caso criminal de las Farc radica precisamente en que el objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz es definir la situación jurídica de las personas que cometieron delitos durante el conflicto armado, y que en su órbita la JEP “podrá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto”.
Este asunto toma también gran relevancia porque la JEP se aplicará a integrantes de las Farc en el marco del sistema integral de verdad, justicia y reparación y a que el Estado deberá garantizar el derecho a la reparación de las víctimas.
Hoy la discusión generalizada en el país, entre opositores y sustentadores del proceso y de la efectividad o no del citado tribunal especial es ¿quién podrá confirmar que los cabecillas de las Farc digan la verdad ante los juzgados de paz? En este caso toma gran interés establecer para qué pueden servir precisamente los fallos, de primera y segunda instancia, de la justicia colombiana que condenaron a guerrilleros de las Farc por esos asesinatos, al comprobar completamente la autoría de esa organización en la muerte del gobernador y de su asesor de paz.
Además, numerosas voces en todo el país reclaman permanentemente que no haya impunidad y que las víctimas del conflicto armado merecen saber la verdad. Para ello se debe buscar un mecanismo para que los responsables de delitos de lesa humanidad cuenten la verdad ante los tribunales de paz.
La jurisdicción especial de paz es un tema de la mayor trascendencia en la actual historia colombiana, pues es considerado por el propio gobierno como la columna vertebral del acuerdo y de las negociaciones con las Farc.
La iniciativa contempla la eliminación de la restricción de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para trasladar información a autoridades para atribuir responsabilidades en procesos judiciales o disciplinarios.

La Noviolencia y el secuestro
El Partido Liberal retornó a la conducción de la Gobernación de Antioquia con el legítimo triunfo electoral del ingeniero Guillermo Gaviria Correa en octubre del 2000, y quien le propuso a la región un novedoso programa denominado “Una Antioquia nueva”, que edificó con base en consultas regionales en las que, por mayoría, los habitantes señalaron la falta de equidad, la pobreza y la violencia como los problema esenciales por solucionar, tarea que Gaviria C. asumió con entereza, carácter y muchos esfuerzos.
Además, se comprometió a contribuir a la reconciliación del país y del territorio promoviendo las tesis de la Noviolencia, un pensamiento pacifista inspirado en el activista hindú Mahatma Gandhi, en su lucha por liberar a su país del colonialismo inglés y también en el defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos, Martin Luther King. Estos dos grandes líderes emplearon las marchas pacíficas y masivas para llamar la atención y el cambio de sus contrarios, método que después utilizaría Guillermo Gaviria C. por la convulsionada provincia antioqueña. Durante una de ellas fue secuestrado y luego asesinado en cautiverio.
Desde que se posesionó como mandatario regional, el primero de enero de 2001, comenzó una carrera por la paz en su territorio mediante unas marchas por la Noviolencia que llamaron la atención de todo el país y que con vehemencia y muchos sacrificios defendió, tratando de demostrar que ese era un camino para la pacificación.
Precisamente, el 21 de abril de 2002, mientras adelantaba una de esas marchas totalmente desarmado, el gobernador Gaviria Correa fue secuestrado por las Farc junto a Gilberto Echeverri.
Ambos lideraron la marcha de casi 100 kilómetros que salió el 17 de abril de Medellín rumbo a Caicedo, municipio azotado por la insurgencia armada y que el gobernador seleccionó como meta para apoyar la defensa pacífica que sus habitantes hicieron ese año contra los grupos armados ilegales.
Por esa época y al ser consultado si no sentía temor por su seguridad durante la marcha, Gaviria C. dijo a la prensa: “me da más miedo la incomprensión, la falta de solidaridad, el riesgo en el que viven todos nuestro compatriotas y me da más miedo la cobardía”.
Cuatro días después, cuando apenas faltaban cuatro kilómetros para llegar al casco urbano de Caicedo, municipio del Occidente antioqueño, la manifestación fue abruptamente interrumpida. Luego de separarse de los marchistas para dialogar con el jefe guerrillero de las zona y explicar la propuesta de paz que impulsaban, un domingo de abril de hace quince años el departamento y el país fueron sobresaltados por el secuestro por las Farc de Gaviria, Echeverri y el capellán de la Gobernación, quien después fue dejado en libertad.
A partir de ese momento, y por espacio de más de un año, comenzó una ardua campaña en procura que las Farc respetaran la vida de los dos altos funcionarios seccionales y los dejaran en libertad, al tiempo que el propio Gaviria Correa en sus comunicaciones desde las montañas de Colombia, como pruebas de supervivencia, insistía que el Gobierno y ese grupo guerrillero se sentaran a pactar la paz, propósitos que no se lograron, pues esta acción delictiva de la guerrilla comunista terminó mal con la sangrienta muerte de los líderes regionales.

Muerte y condena
El 5 de mayo de 2003, un año y 14 días después del secuestro en Caicedo, Gaviria, Echeverri y ocho soldados compañeros de cautiverio fueron asesinados por los guerrilleros durante un intento de rescate por parte del Ejército Nacional.
El presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó el operativo tras una labor de inteligencia militar que ubicó el campamento rebelde con sus retenidos en las profundidades del bosque selvático del Parque Nacional de Las Orquídeas, en jurisdicción de Urrao, en el Atrato Medio antioqueño y muy lejos del sitio del secuestro un año antes. Era la primera acción de esta clase que emprendía el Ejército en plena manigua.
Al percatarse de la presencia de soldados y helicópteros, el jefe de las Farc en la zona, Aicardo Agudelo, alias el paisa, determinado como el autor material del secuestro del gobernador y del exministro Gilberto Echeverri, ordenó su ejecución. Ambos dirigentes, junto a los ocho militares, murieron acribillados con balas de fusil y a quemarropa. Guillermo Gaviria Correa, quien había nacido en Medellín el 27 de noviembre de 1962, sólo contaba con 40 años de edad.
Cinco años después de este doloroso capítulo en la historia de Antioquia, con un fallo en segunda instancia la justicia no dejó ninguna duda al hallar a las Farc culpable de las muertes de Gaviria y de Echeverri.
Inicialmente, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia falló en primera instancia y después, el 28 de marzo del 2008, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia conoció el fallo por vía de apelación de los acusados, confirmando plenamente la sentencia en segunda instancia.
Como autor material fue condenado Aicardo de Jesús Agudelo Rodríguez (alias el paisa), quien años después fue abatido por las autoridades.
Como determinadores del hecho criminal fueron también condenados los integrantes del Secretariado de las Farc: Luis Carlos u Óscar Usuga Restrepo (alias isaías trujillo), Luciano Marín Arango (alias iván márquez), Pedro Antonio Marín (alias manuel marulanda o tirofijo), Luis Édgar Devia Silva (alias raúl reyes), Noel Matta Matta (alias efraín guzmán), Rodrigo Londoño Echeverri (alias timochenko), Henry Castellanos Garzón (alias romaña), Jorge Enrique Briceño Suárez (alias mono jojoy) y Guillermo León Sáenz Vargas (alias alfonso cano). Su condena: 40 años de cárcel y 20 de inhabilidad política.
Entre tanto, Jorge Eliécer Ospina Taborda (alias  alexis, machete o machetazo), Leoncio Velásquez Uribe (alias el flaco o ezequiel) y Paola Andrea Fernández Castro (alias paola) fueron condenados por los delitos de toma de rehenes.
Y John Octival Jiménez Montoya (alias la moña) y Álvaro de Jesús Urrego Vásquez (alias omar o jelez) responsables como coautores materiales del delito de toma de rehenes.

Militares asesinados
Además de asesinar al gobernador de Antioquia y al asesor de Paz, los guerrilleros de las Farc al mando de alias el paisa también mataron en el campamento de las selvas de Urrao a ocho militares que permanecían desde hace varios años secuestrados con los dos dirigentes seccionales.
Los uniformados fueron identificados como el teniente de infantería de marina, Alejandro Ledesma Ortiz y el  Teniente del Ejército, Luis Guarne Tapias.
Además de los suboficiales del Ejército Nacional,  Héctor Ducuará, Francisco Manuel Negrete, Mario Francisco Marín, José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote y Yaircinio Navarrete.