Andrea Parra Triana*

Los acuerdos de La Habana abrieron una puerta hasta ahora cerrada para la institucionalidad del país: la del mundo rural. En los últimos meses, sociedad civil y entidades se han asomado a este universo en muchos casos representado solamente a través de las cifras y de los lugares comunes sobre los campesinos. Hoy se ha puesto en evidencia que gran parte de los esfuerzos institucionales del país se ha centrado en las ciudades y, en el mejor de los casos, en las cabeceras municipales.  
¿Pero qué ha pasado detrás de esta puerta hasta ahora cerrada? Durante más de 30 años, comunidades organizadas, organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales han trabajado en la construcción y en la búsqueda de oportunidades para sus territorios. En educación se han conformado mesas diversas desde las que se analizan y proponen soluciones para la educación rural; muchas comunidades se han organizado para construir y mantener su escuela, resolver problemas de transporte o alimentación para sus niños; los maestros y sus comunidades han creado estrategias diversas para el trabajo en escuelas multigrado o para acercar a los niños al sistema educativo… En fin, muchos territorios se han organizado para llenar los vacíos dejados por la guerra y por el Estado y que han sido una obligación aplazada durante décadas. 
Ahora que está en la agenda pública la necesidad de atender la educación en la ruralidad, las propuestas que se hagan desde el nivel central no pueden desconocer estos avances. La política pública deberá construirse de cara a las comunidades. Este es precisamente uno de los llamados que surgió en el marco del IV Congreso de Educación Rural llevado a cabo este mes en Bogotá y que contó con la presencia de más de 200 personas, la mayoría habitantes del campo, con experiencias de las que los tomadores de decisiones tienen mucho que aprender. En este orden de ideas, se manifestó en el marco del evento, que hablar de ruralidad no implica poner el foco solamente en la carencia; implica también afianzar y creer en las potencialidades de los campesinos, valorar su cultura, validar su importancia para la seguridad alimentaria del país, reconocer sus saberes y experiencias para aportar a la consolidación de un nuevo contrato social que supere la visión que se le ha dado al campesinado en Colombia y que fortalezca su reconocimiento como sujeto de derechos. 
La transformación del campo es urgente, pero no necesariamente una transformación que conduzca a la idea de desarrollo urbano, sino que brinde posibilidades para el “buen vivir” de este 60% de país que ha sido olvidado. Otra idea que surge en el Congreso, es la necesidad de reconocer- más allá del discurso- la diversidad de lo rural, y en este sentido se propone hablar de “educaciones rurales”, pensadas territorialmente, en diálogo con lo nacional, que vayan más allá de los modelos flexibles y de lo agropecuario, y que se fortalezcan para la autonomía, la calidad y la pertinencia educativa.
Hay un llamado por la consolidación y el apoyo a apuestas territoriales desde las que se tomen en cuenta formas comunitarias alternativas de organización y se entienda que la escuela no se reduce a la institucionalidad, sino que se construye desde y con las dinámicas propias de la comunidad. Una de las ideas centrales que surge es precisamente la necesidad de reconocer lo existente, de tomar en cuenta las dinámicas y las complejidades de los habitantes del campo, de entender que existen diversas ruralidades y que, como lo mencionó uno de los participantes del encuentro, “el campesino es con su territorio”.
Para ver el manifiesto producto del congreso consulte:
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/documentos/MANIFIESTO_DEL_IV_CONGRESO_NACIONAL_DE_EDUCACION_RURAL_COREDUCAR.pdf

*Gerente del proyecto Ola Escolar en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.