Lo ocurrido el domingo 9 de abril en el recinto del Congreso de la República con las víctimas del conflicto armado colombiano es tan repudiable como el asesinato en masa con gases venenosos y el bombardeo gringo en Siria o la criminalización de la protesta social en Venezuela. Es el desprecio de la dirigencia y los dueños del poder por la suerte de la gente. 
Por culpa de los habitantes de la Casa de Nariño, incapaces de proteger la vida, integridad y bienes de los pobladores de este país, durante más de 50 años, más de ocho millones de personas se convirtieron en víctimas de una confrontación armada sin banderas de transformación social y económica para beneficiar a las mayorías. 
Para unos actores, la motivación fue el afán de lucro proveniente del control de rentas ilegales como la coca, la minería, el secuestro y la extorsión, lucro embadurnado de propuestas de reivindicación social. La insensatez de la violencia que terminó siendo generalizada e indiscriminada, se impuso como vía para una supuesta acumulación de fuerzas en aras de derrumbar el régimen vigente. No importó el acompañamiento popular. 
Para otros, el conflicto se convirtió también en un buen negocio político o electoral. Con la esperanza de doblegar a los promotores ilegales de la opción armada, se ganaron elecciones, reelecciones y se conformaron partidos políticos. Así ganó Pastrana enarbolando una foto con Tirofijo después de perder con Serpa la primera vuelta; la crisis de liderazgo por otra foto, la de la silla vacía en el Caguán, catapultó a Uribe como el hombre de la mano dura contra la odiada subversión; la expectativa de su sometimiento, ahora sí, permitió la reforma del famoso articulito y se abrió el boquete de la reelección presidencial. Santos apareció como el continuador de ese mandato de exterminio para convertirse en Presidente. Por fortuna, entendió que ese camino recorrido durante ocho años con evidentes logros, creó las condiciones para llevar la confrontación armada a una negociación política con un horizonte de paz. Esa posibilidad le brindó a Santos la reelección con un mandato inconfundible: desmovilizar a las Farc y al Eln, como resultado de un acuerdo. Para Santos, esa fue la gran tarea asignada en las urnas. 
Uribe y sus seguidores hicieron de la lucha contra la guerrilla su razón de ser, el eje de su participación política, usufructuando la animadversión ganada por la insurgencia en el corazón de la inmensa mayoría de los colombianos durante cinco desgastadoras décadas. Excelente bandera electoral. Por ello no se entiende el menosprecio de Uribe y sus amigos por las víctimas de la degradada y agotadora confrontación. A este sector político solo le interesan los victimarios, por odios acendrados y porque producen votos, no sus víctimas. Estas últimas no existen. El 90% de ellas, humilladas por el forzado desplazamiento, sólo son “migrantes”. Y después se quejan de que esos “migrantes” presentes en el recinto del Congreso porque iban a ser escuchados por los padres de la patria, en su día especial por ley, abuchearan su actitud despreciativa. Abucheo que también debiera ser para los congresistas ausentes, por encima de 80.