Los mecanismos de consulta de los partidos políticos para elegir sus candidatos a cargos unipersonales pueden impulsar la democratización de esas organizaciones y promover la participación ciudadana en decisiones fundamentales de colectividades en las que importantes líderes compiten buscando ser sus abanderados. Hemos advertido, sin embargo, que cuando las bases están fragmentadas y las instituciones son débiles, esas consultas pueden convertirse en peligrosas herramientas de confrontación interna, fragmentación y, finalmente, de debilitamiento de los partidos. Ese es el riesgo que hoy se corre por el manejo antiliberal y antidemocrático que el director César Gaviria, y tras él el presidente Santos, viene dando a la consulta para elegir candidato liberal a la Presidencia, convocada para el 19 de noviembre.

Dado el proceso de arrasamiento de otras opciones, no puede el expresidente ocultar que maneja el proceso buscando imponer su candidato, que es el del presidente, como aspirante del liberalismo a una coalición que impulsará al sucesor, en el cargo y su gobierno, del doctor Santos.

El primer descabezado fue el senador Juan Manuel Galán, hijo del mentor del expresidente Gaviria, que pedía una consulta simultánea con las elecciones parlamentarias. Argumentaba que esa alternativa garantizaría una mayor participación de los liberales y un ahorro muy importante al sistema electoral. Los oídos sordos del director del liberalismo dejaron por fuera de la consulta, y no es claro si del partido, al joven congresista. Juan Fernando Cristo, también defensor de esa tesis, se allanó a la decisión del director, así como a otros atropellos, en una elección que ha lamentado, pues ahora se declara vulnerado por manipulaciones y triquiñuelas del expresidente, que amedrentan a sus bases y a los congresistas afines. El exministro del interior no ha descartado declararse en rebeldía contra los resultados de esa consulta.

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Al iniciar el proceso de escogencia del candidato del partido Liberal, colectividad protagónica de la historia de la democracia colombiana, se conocían los nombres de nueve dirigentes que pretendían llevar las banderas de un partido plural por esencia. Pasado poco más de un mes del Congreso Liberal y sin cumplirse 30 días tras el cierre de inscripciones, se anuncia que sólo uno de los aspirantes, Humberto de la Calle, reconoce el proceso que lidera su amigo, y exjefe, César Gaviria, y, por tanto, está listo a respetar los resultados de la consulta del próximo 19 de noviembre. La convocatoria tendrá un costo de $40.000 millones; razonables si fueran una inversión para el fortalecimiento de la democracia y los medios de participación, pero absurdos en la situación presente del liberalismo.

No contenta la Dirección Liberal con imponer barreras a quienes no son los candidatos del eje Gaviria-Santos, ahora pretende cerrar el paso a aspirantes independientes y críticos, que pretenden recibir aval del liberalismo para sus candidaturas al Congreso. Es así como ha determinado que ellos serán obligados, como lo fueron los precandidatos a la Presidencia -y no lo aceptaron las senadoras Sofia Gaviria y Viviane Morales-, a firmar un manifiesto de seis puntos inventado por la camarilla que intenta apropiarse de un legado sesquicentenario que pertenece al pueblo colombiano. El documento, inconsulto, inconstitucional y antiestatutario, pretende comprometer a quienes porten la bandera liberal a jurar que darán respaldo irrestricto a la implementación del acuerdo con las Farc, cuyas aristas empieza a digerir el público gracias a la discusión en el Congreso, así como otros acuerdos que este gobierno suscribiere con grupos criminales, como si un líder político o de opinión pudiera hipotecar su conciencia al albur.

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Porque el mencionado manifiesto viola derechos políticos y ciudadanos fundamentales, la senadora Sofía Gaviria interpuso el pasado 10 de octubre una acción de tutela reclamando de la justicia que proteja sus derechos civiles y cívicos a elegir, ser elegida, la libertad de expresión y conciencia, y otros concomitantes, igualmente significativos. Aunque se han sobrepasado los tiempos de fallo de las tutelas y a pesar de que cada día crece el riesgo de que los derechos de la congresista sean conculcados irremediablemente, en forma inexplicable la justicia y los organismos responsables de velar por los derechos humanos y políticos -Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral- siguen sin pronunciarse sobre una delicada materia que afectará el destino de ese partido y las instituciones democráticas.