El 2016 quedará en la memoria de América Latina como el año en el que minorías al frente de las instituciones se han valido de nobles ideales para inventar atajos que les permiten burlar la voluntad de las mayorías. Estas prácticas desconocen la voluntad ciudadana, como ocurrió con el plebiscito en Colombia y se amenaza tras el referendo en Bolivia; buscan impedir su legítima expresión, propósito en que avanza el chavismo, o pretenden cooptar los poderes cerrando el libre juego democrático, como ocurre en Ecuador y Nicaragua.

La preocupación por la impunidad que pueda resultar de vacíos y equívocos del acto legislativo sobre “amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” -inexplicablemente numerado 001 de 2016 en Senado y Cámara- ha ocultado la aceptación sumisa del Congreso a su papel de simple firmón de los proyectos que desarrollan lo decidido en la Mesa de conversaciones. Asimismo, ha puesto sordina a los efectos de su Artículo primero, que declara refrendo el Acuerdo final y vigente el Acto Legislativo 01 de 2016, el primero. La suplantación, y modificación, de la voluntad del constituyente primario ha sido justificada por el presidente Santos, la Corte Constitucional, en simple comunicado ad-portas de vacaciones; una magistrada del Consejo de Estado, en espurio acto de admisión de demanda, y el Congreso, mediante malabar argumentativo no sustentable en hechos. Los poderes se justifican en su interpretación maximalista que instituye la paz como “derecho fundamental”, prevalente sobre las instituciones, los derechos ciudadanos y la propia Constitución.

En referendo cumplido el pasado mes de febrero, el 51,3% de los bolivianos rechazó que Evo Morales se postulara a su cuarto período presidencial. Pasando por encima de esa voluntad, el mandatario anunció el pasado 17 de diciembre que acepta la postulación como candidato presidencial hecha por su partido. Para buscar la legalización de su pretensión individual, han dicho voceros de ese partido, se intentan atajos legales como hacer una reforma la Constitución para modificar los mecanismos de participación o convocar al Tribunal Constitucional para que reinterprete los derechos consagrados en la Carta Política, de manera que avale la voluntad de Morales y su partido. La inclusión de las mayorías indígenas y la eficiencia de su gestión son definidas por el Gobierno como su validador.

Las mayorías venezolanas asisten preocupadas al retroceso de sus esperanzas por la realización oportuna del referendo revocatorio que permita la expresión de la voluntad de ciudadanos. Ello, a pesar de que la Mesa de Unidad Democrática y las gentes fueron rigurosas en el cumplimiento de exigentes trámites de convocatoria al referendo constitucional y activas en su presencia, bajo fuertes riesgos, en las movilizaciones callejeras. La intercesión del papa Francisco, que atendió presiones de Unasur, condujo a los líderes de la Mesa de Unidad Democrática a participar, hasta el pasado 6 de diciembre, en una infructuosa Mesa de diálogo que conjuró la convocatoria al referendo revocatorio antes del 10 de enero, fecha límite para que el resultado impusiera convocar a elecciones generales. En tales condiciones, el país seguirá sometido a un poder tiránico que se da el lujo de apresar opositores, desconocer llamados de los organismos multilaterales y burlar las reglas de la democracia. Qué lejanas se encuentran las masas hambrientas de acceder al supremo ideal de equidad social con el que el chavismo justificó la reducción de los derechos y libertades democráticas.

Aprestigiados por endebles éxitos económicos y sociales, Rafael Correa y Daniel Ortega han forjado autoritarios regímenes de partido único, con sucesiones predeterminadas y mínimo espacio a la libertad de prensa y la crítica. Consecuencias de su estilo son la reducción del debate democrático, la pérdida de control institucional a las acciones de gobierno y la pérdida de oportunidades para otros partidos. Estos hechos amparan proyectos faraónicos, tan costosos como poco ejecutables, como el canal interoceánico impuesto sobre riesgos ambientales para el Lago de Nicaragua, o crisis, que otros voceros tildan de recesión, ocultadas a la discusión pública, como la que atraviesa Ecuador tras la caída de precios de un petróleo que sustentó su generosa bonanza. La esperanza de la equidad es cortina de humo para consolidarse dueños y señores del poder público, las instituciones y las libertades de la ciudadanía.