Vivimos el país que nos tocó, el que nos dejaron los españoles hace doscientos años, el que los colombianos improvisamos cada día.

No parece halagüeño mirar así la Colombia que nos dio la vida y de la cual se nutre nuestro ser. Sería mejor sentir que vivimos para hacer realidad un propósito común, basado en principios fundamentales, pero no siempre es así: entre nosotros predominan la emotividad, la improvisación y la polarización sobre la razón, la planeación y la concordia.

Esta reflexión se aplica a la actitud con la cual estamos enfrentando el posconflicto después de la firma del acuerdo de paz con las Farc-Ep.

Es claro que todos los colombianos queremos la paz. Que la firma del acuerdo no constituye la paz, porque hay que construirla. Que la paz no es del presidente Santos y de la guerrilla, sino de todos los ciudadanos. Pero no es menos cierto que en este proceso la sensatez no ha brillado, han primado la emotividad y la agresión. Después de firmar el tratado entre el Gobierno y las Farc-Ep ahora parece necesario negociar y firmar un segundo acuerdo, todavía más difícil y tortuoso, entre los partidarios del sí y del no.

En las redes sociales y en las conversaciones privadas el análisis de las ventajas y desventajas, de los aciertos y errores, de las ganancias y riesgos que contiene el acuerdo de La Habana han sido sustituidos por los insultos al expresidente Uribe y al presidente Santos, extensivos a los partidarios del uno y del otro.

Ninguno de ellos dos ha ejercido un liderazgo eficaz ni ha sido totalmente asertivo, pero yo me pregunto ¿qué tienen que ver la reforma integral del campo, la reparación de las víctimas, la entrega de las armas, la participación en política y la Jurisdicción Especial para la Paz, con afirmaciones irrespetuosas y no comprobadas como que presuntamente Uribe fuese asesino, paramilitar o corrupto o Santos fuese ladrón, taimado o traidor? Son cosas distintas para escenarios distintos.

Cuando la Corte Constitucional aprobó la realización del plebiscito para el acuerdo de La Habana, estipuló que el resultado de la votación sería obligatorio para el presidente, mas no para los demás órganos del poder, vale decir el Congreso y las Cortes. Pues bien, cuando ganó el no, el presidente, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, convocó a un acuerdo nacional para superar la dificultad. Unos ciudadanos, que representaban a algunos de los grupos que habían apoyado el no, propusieron cambios al texto del acuerdo. El Gobierno los escuchó, modificó el documento y lo sometió al Congreso, que ya está trabajando sobre él. Opino que este proceder fue acertado, porque después de sesenta años de dar la espalda al conflicto era mejor enderezar el acuerdo que empezar de nuevo.

En lo que queda de este cuatrienio no habrá tiempo para desarrollar e implantar a cabalidad todas las reformas de fondo que contiene el acuerdo de paz y que el país necesita. Las reformas de fondo les corresponderán a los gobiernos y

congresos siguientes. Obviamente, si el país así lo quiere. Los próximos gobiernos podrían torpedear la paz por acción o por omisión. Deberemos apoyar a los candidatos que se comprometan de verdad con la paz.

Vale también para la negociación con el Eln.

Los ciudadanos debemos tomar partido de manera racional y asertiva por la paz: Conformando grupos de estudio que analicen y disciernan. Evitando los insultos y las agresiones. Aceptando la presencia de ex guerrilleros en la sociedad, el trabajo y la política. Aplicando, en lo que a cada uno compete, la justicia social, la equidad y la solidaridad. Generando perdón y reconciliación. Sigue siendo necesario que las Farc-ep sean claras en reconocer sus faltas y reparar sus daños.

Este será el segundo acuerdo de paz, el definitivo.