En un escenario sin precedentes históricos, el Reino Unido se prepara para iniciar este miércoles su ruptura formal con el bloque comunitario "brexit", tras más de cuatro décadas como Estado miembro de la Unión Europea (UE).

El Reino Unido empezará una nueva andadura al margen del bloque de los 27, al comenzar a establecer los términos de su "divorcio", después de que los británicos votaran a favor de desligarse de la Unión en el referéndum del pasado 23 de junio.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, tiene ante sí un escenario difícil pues tendrá que buscar -en el plazo fijado de dos años de negociaciones- un acuerdo que satisfaga a las naciones que conforman el Reino Unido y también a la UE.

Está previsto que el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, haga entrega el miércoles personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la carta en la que el Ejecutivo de Londres notificará que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el proceso para la salida de un país comunitario.

También, May acudirá al Parlamento para informar a los diputados en la Cámara de los Comunes (Baja) de que este país ha activado el artículo 50.

Los medios locales anticiparon este martes que Tusk hará una breve declaración de acuse de recibo y, al día siguiente, el presidente del consejo hará circular entre los 27 un borrador sobre cuáles serán las directrices de negociación con Londres.

Esas directrices serán adoptadas formalmente en la cumbre especial organizada para el próximo 29 de abril en Bruselas.

Barrow, que fue director político en el Ministerio británico de Exteriores antes de ser nombrado representante permanente del Reino Unido en Bruselas, sustituyó el pasado enero a Ivan Rogers, quien dimitió por aparentes desacuerdos con el Gobierno de May.

Tras la activación del "brexit", se espera que ambas partes establezcan en las negociaciones los términos de la salida británica y decidan cómo serán sus futuras relaciones comerciales.

Sobre la negociación, las partes abordarán el coste que tendrá que asumir Londres por la retirada -al que los medios se refieren como "la factura del divorcio"-, el estatus legal de los ciudadanos expatriados y la división de los activos comunitarios.

Ambas partes deberán aclarar qué ocurrirá con la situación legal de los comunitarios que viven en este país así como con los británicos que residen en el continente tras el "brexit" y tendrán que resolver, entre otras cosas, qué ocurre con las pensiones que cobran esos ciudadanos cuando Londres camine en solitario.

El ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, ha rechazado en que este país vaya a tener que pagar a Bruselas la cantidad de £50.000 millones, como se ha barajado.

"Cumpliremos, por supuesto, con nuestras obligaciones internacionales, pero también esperamos que se respeten nuestros derechos. No creo que vayamos a hablar de esas cantidades", dijo anoche Davis.

El ministro aseguró, además, que el Ejecutivo cuenta con "planes de contingencia" en caso de que no se logre un acuerdo comercial con la UE, pero recalcó que el objetivo es obtener un "amplio" pacto.

Además, sobre el tema de la migración, un factor determinante a la hora de que los británicos se inclinaran por la opción del "brexit" en el plebiscito, Davis apuntó que los niveles de inmigración tendrán que aumentar "de vez en cuando" pues hay industrias y servicios públicos que dependen de mano de obra extranjera.

Sus declaraciones han sido interpretadas como una señal de que la salida británica del bloque no resultará en una caída dramática en la migración neta en este país.