Pasada la euforia del momento llamado “inicio de funciones de la JEP”, el pasado jueves 15 de marzo, comienzan a conocerse sus limitados alcances actuales y las importantes barreras que le impiden cumplir las expectativas depositadas en ella, dado su papel de caballito de batalla contra las preguntas del país por la justicia a las Farc, así como la importante y costosa parafernalia de cargos e instrumentos de que disfruta, aunque carece de marco normativo completo que le permita operar y tomar decisiones en procura de restaurar a las víctimas, hacerle justicia a la sociedad y dar un primero paso a la reconciliación de los victimarios con el país.

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A pesar de la propaganda en contrario, en este momento la jurisdicción está reducida a ser receptora de informes de los órganos que han investigado los crímenes del conflicto y certificadora del cumplimiento de requisitos para otorgar amnistías, o sea beneficios a los victimarios. No puede hacer otra cosa, dado que la Corte Constitucional aún no ha fallado sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria del organismo, aprobada en diciembre por el Congreso. A esta limitación se agrega que el Gobierno, como anunció el ministro del Interior, aplazó la presentación del proyecto de ley que define los procedimientos de la Jurisdicción, a fin de “hacerle un examen con un equipo de juristas”, los cuales no aclaró si son aquellos que conforman la Csivi, ahora que ha sido suspendida por una medida cautelar del Consejo de Estado.

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La demora intencionada del Gobierno Nacional para dar trámite a la iniciativa que pone en marcha el único capítulo del acuerdo con las Farc que atiende, muy parcialmente por cierto, los derechos de las víctimas, es otro grave incumplimiento a la promesa de “poner a las víctimas” en el centro del proceso de negociación con las Farc y un carameleo que aumenta la incertidumbre y desconfianza sobre el carácter, propósito y perspectivas de esta jurisdicción paralela a la Constitución que tiene integrantes, recursos, pero ninguna capacidad de poner en marcha los procesos de justicia restaurativa.

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Gracias a estos aplazamientos del Ministerio del Interior en materia tan grave, las Farc siguen incumpliendo sus compromisos con el país, en materia de entrega de bienes y de contribución al fin de las actividades asociadas al narcotráfico. Estas denuncias palidecen ante la que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre el incumplimiento a la obligación de “respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las Farc”, dado que apenas fueron liberados formalmente, para ser restituidos en sus derechos, 135 menores de edad, y que existe un número incierto de niños que salieron informalmente de los campamentos, y cuyo destino se desconoce.

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Comentarios:

Carlos Januario
2018-04-13 22:48:32

El asesinato de los periodistas ecuatorianos es culpa 100 por 100 de Santos que encontró a los farucos en desbandada, los rearmó y les entregó el país a cambio de nada. También de los enmermelados periodistas que se dedicaron a adular un proceso cojo y a quemarle incienso al gago presidente....

Carlos Januario
2018-04-13 22:45:08

Edgar: Cómo estás? Totalmente de acuerdo con tigo. Este presidentucho corrupto, cínico, sinvergüenza y cobarde está totalmente enredado.

Edgar
2018-03-21 08:15:32

El sólo asunto de la entrega ínfima de los niños , únicamente 135, reclutados a la fuerza, cuando sabemos que fueron miles, es una bofetada a las víctimas de las Farc, donde se incluyen ,cómo nó, sus propias familias. Y todo este engranaje de la JEP no va a funcionar como debiera hasta que el inefable Juan Manuel Santos entregue el poder. Tenemos la esperanza de que un nuevo gobierno enderece los entuertos.

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