La Policía enfrenta duras críticas tras la muerte, en menos de una semana, de siete civiles en dos operativos en la zona de Tumaco para contener protestas de los campesinos coceleros.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó este martes al director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, el cambio de 102 miembros de esa institución destinados en Tumaco, municipio de Nariño, por excesos cometidos en las operaciones antinarcóticos a su cargo.
"Junto al presidente Juan Manuel Santos instruimos al director de la Policía Nacional, general Nieto, para adelantar relevo de 102 uniformados en Tumaco", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa.
Villegas explicó que el relevo empezará "con 102 unidades policiales: dos oficiales, 20 de nivel ejecutivo y 80 patrulleros que serán rotados a otros destinos del país". La Policía colombiana enfrenta duras críticas tras el asesinato el pasado jueves de seis campesinos cocaleros en Tandil, una zona rural de Tumaco, puerto sobre el Pacífico en el departamento de Nariño, donde proliferan los cultivos de coca.
Los policías también están implicados en el hostigamiento el domingo a una misión humanitaria de la que hacían parte representantes de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), funcionarios locales, miembros de ONG y periodistas. El objetivo del cambio de policías es "mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía", hacer un mejor trabajo con las comunidades y proteger a la población vulnerable que ha sido "martirizada por la violencia y el crimen organizado" en esa zona del país, agregó el ministro.
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Villegas agregó que el Estado también enfrenta con militares las disidencias de las FARC que operan en la zona, a las que llamó "crimen residual" del que sin embargo dijo que se ha visto que es "activo y peligroso". Recordó además que el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, general en retiro de la Policía, coordina sobre el terreno acciones sociales para mejorar las precarias condiciones de vida de los más de 200.000 habitantes de Tumaco.
"Todos estos capítulos de acción del Estado, el militar, el social, el policial, tienen como finalidad liberar a Tumaco del crimen organizado en todos sus eslabones, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal y recuperar el control territorial institucional de nuestra frontera, una frontera tan importante como la frontera con Ecuador", precisó.
Inicialmente el Ministerio de Defensa atribuyó la matanza de los cocaleros a disidentes de las FARC, pero testimonios recogidos por organismos como la Defensoría del Pueblo y ONGs atribuyeron el ataque a policías.