Las consultas previas y populares se han convertido en un verdadero límite a las decisiones unilaterales de los gobernantes y el camino adecuado de protección del patrimonio público y del interés social. 
Aunque para algunos, las consultas no constituyen mecanismos adecuados para la toma de decisiones administrativas, pues teóricamente no siempre los ciudadanos actúan debidamente ilustrados, este obstáculo debe superarse brindando adecuada información y mejorando los niveles de participación ciudadana, nunca restringiendo procedimientos democráticos.
La nación colombiana se reconoce a sí misma, como un “estado social de derecho” y una “democracia participativa”, edificada bajo un régimen de “soberanía popular”, en la que la dignidad humana, es uno de sus hitos sustanciales y en la que el interés público social prevalece en todos los casos sobre el interés individual o particular, es sobre esas bases y no sobre otras en las que se debe avanzar en la consolidación de la institucionalidad.
Bajo los regímenes de soberanía popular lo primero son los ciudadanos, de allí la importancia que adquieren las consultas populares y los diferentes mecanismos de participación ciudadana, que, si bien no son las únicas formas de manifestarse el Estado, sí deben prevalecer frente a las instituciones propias de la democracia representativa.
Dejar que los ciudadanos participen activamente en los asuntos que nos afectan a todos es la clave, y saber interpretar adecuadamente las expresiones populares es el camino indicado para consolidar un verdadero Estado democrático de derecho, se trata de una nueva “legitimidad” basada en la participación y tomando como base el interés común.
En este nuevo contexto se imponen nuevas escuelas del derecho y una teoría del Estado con un innegable sentido material, en que las formas cedan espacio a lo sustancial y en el que se tenga claro que gobernar es desatar procesos y tensiones sociales y gobernar en una democracia participativa es privilegiar el interés social en forma prevalente al de unos pocos.
Cada vez se hace más evidente, que el Estado no es otra cosa que el mecanismo civilizado que ha construido la sociedad para fijar las reglas de convivencia y superar las tensiones que nacen en las relaciones económicas y sociales, y que estas reglas terminan siendo las impuestas por los sectores con posición dominante en las estructuras gubernamentales, sin otro control efectivo que el social o la opinión pública, que en la actualidad de expresa por los medios de comunicación, en especial las denominadas redes sociales.
Solo una sociedad bien informada adopta decisiones correctas, pero informar bien, no es solo la difusión oportuna de las decisiones unilaterales o arbitrariamente adoptadas, se trata de decisiones compartidas y construidas en forma colectiva en la que los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y las mismas sean adecuadamente valoradas antes de que las decisiones sean adoptadas.
Solo una opinión pública consolidada, critica, autónoma y bien informada está en capacidad de “legitimar” o “deslegitimar” las acciones y medidas que adoptan las autoridades del Estado, de allí la importancia cada vez más significativa de la consolidar estructuras propias de la democracia de participación, en particular en relación con los asuntos de interés social. 
La participación debe ser el componente común en todas las etapas de la gestión pública, esto es, la definición de políticas, la planeación, la presupuestación, la gestión, además debe ser esencial en la etapa de control, por esto último, extraña sobremanera que, a esta hora, algunos propongan centralizar y alejar de los ciudadanos el control fiscal, que por sus características debería basare en modalidades propias de los controles ciudadanos y construir democracia de participación.
Avanzar en la aplicación de prácticas democráticas, es avanzar en la construcción de una verdadera sociedad para la paz, pero ello implica renunciar al viejo país y reconocer que la verdadera soberanía reside en el pueblo.