Allí donde el Estado no llega con su poder punitivo para corregir o castigar a quienes se saltan las normas, hace falta una férrea cultura de la legalidad y un compromiso con el bien común que promuevan la sanción social como recurso legítimo, siempre y cuando no afecte la dignidad humana y respete la vida. Los gobiernos, la academia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales están en mora de promover una actitud crítica ciudadana que les cierre el paso a las prácticas deshonestas y malsanas que cunden desde hace décadas entre nosotros.

Son esas prácticas las que posibilitan en Medellín el estruendoso saludo a la navidad con la tal alborada de pólvora. La herencia mafiosa de alias Berna a la que nos hemos referido en otras oportunidades en este Memento y que pasa por encima del sentido común, de la prohibición al uso de los elementos explosivos, de la protección de las mascotas, de la memoria colectiva del ruido de las bombas del terrorismo y, claro, del nuevo código de policía. Hay que reconocer que se va ganando terreno en esa materia, que va creciendo la desaprobación social a esa costumbre. Falta una acción más eficaz del Estado en el control a una actividad prohibida y peligrosa, que año tras año desafía la institucionalidad.  

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Como es un desafío de marca mayor a la institucionalidad, el bochornoso espectáculo del sepelio de alias inglaterra, esta semana; y de alias gavilán hace un par de meses. Dos de los más importantes y sanguinarios capos del Clan del Golfo despedidos casi como héroes en la región de Urabá. Un desfile que obliga a preguntarse por cuál es la escala de valores de quienes ven en esos personajes una figura digna de imitar, pero también del abandono en que el Estado ha sometido a ciertas comunidades y ha dejado el espacio para que otros actores, y el poder seductor del dinero rápido, sean el referente. Los distintos niveles del Estado que, ya decíamos oportunamente, estuvieron casi ausentes de la firma de constitución de Prourabá como alianza interinstitucional soñada precisamente para que sea la institucionalidad el mejor referente de una región que ha sufrido toda suerte de violencias y de abandonos y que lucha cotidianamente para sacudirse de la ilegalidad y de las estigmatizaciones. Una tarea que se hace más difícil con este tipo de sepelios y despedidas a los ilegales, en lugar de la sanción social que merecían en vida e incluso en su postrero momento.

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Y también extrañamos la sanción social y una acción más eficaz del Estado cuando nos enteramos de los abusos en la contratación de los restaurantes escolares. Va siendo hora de pasar del escándalo mediático a las sanciones concretas y a la individualización de las responsabilidades. Porque ahora el temor es que la incapacidad del gobierno de garantizar una adecuada implementación del programa promueva su desaparición en detrimento de los niños que lo necesitan. Que quede claro, la fiebre no está en las sábanas ni se resuelve el problema vendiendo el sofá. Es menester que se sancione a todos los corruptos y que el castigo no sea para quienes requieren la mano solidaria y la asistencia del Estado.

Obviamente quienes incurren en estas prácticas deben ser desautorizados por una ciudadanía activa y por un Estado eficiente. Eso implica una responsabilidad compartida que comienza en la decisión de a quiénes elegimos para conducir lo público y la determinación de no dejarlos solos. Pero también el ejercicio de una vida democrática que implica desaprobar las malas prácticas y promover la sanción social, sin caer en el matoneo ni el linchamiento, físico o moral, a través de la piedra o de las redes sociales. Una mejor ciudadanía parece otra vez que es el único remedio ante la ineficacia del Estado y el descaro de los corruptos.