Las condiciones del Eln para mantener la tregua bilateral ponen a Gustavo Bell, nuevo jefe de la mesa de negociación, en la disyuntiva de admitir exigencias inaceptables para conservar un estatus en el que han abundado incumplimientos, o, por el contrario, arriesgarse a exigir el cumplimiento de mínimos, como la verificación de los acuerdos por un organismo tripartito y el respeto a los compromisos de no combatir con la Fuerza Pública, no atacar a la población y detener su carrera expansionista hacia los lugares antes ocupados por las Farc.

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El balance de la tregua, cuando ya asoma el tercer mes de su inicio, demuestra desequilibrios que, así como no pasan desapercibidos para los sectores avisados de la opinión, merecen ser considerados por el Gobierno, antes de que se apresure a mover una negociación poco promisoria.

Gracias a denuncias de gobernantes y ciudadanos, se han conocido, y debatido, las distintas violaciones del Eln a la tregua. La mayoría han sido perpetradas en los departamentos de Chocó, Arauca y Norte de Santander, donde ese grupo ha tenido feroces bastiones, pero también han ocurrido otras en Nariño, Meta y subregiones de Antioquia donde se están disputando el control territorial con las ¿disidencias? de las Farc. Entre las violaciones a la tregua, el DIH y el Estatuto de Roma se cuentan catorce asesinatos de civiles (un gobernador indígena y trece personas en Nariño), el reclutamiento de trece menores de edad en Antioquia; el secuestro de ocho personas en Teorama y desplazamientos forzados en Chocó, principalmente.

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La gravedad de tales hechos sólo ha encontrado una respuesta inicial en la Fiscalía General de la Nación, que libró orden de captura contra Ogli Ángel Padilla Romero; Emilcen Oviedo Sierra, y Levis Dairon Polo Regino, jefes del Eln en Chocó. Habiéndose producido la decisión judicial, quedan dudas sobre su ejecución, toda vez que el Cerac destaca como “algo positivo” que durante la tregua se registra “la cesación completa decombates entre el grupo guerrillero y la fuerza pública”. Con su complimiento al Eln, el Estado se ha limitado para proteger la vida, honra y bienes de comunidades sometidas al acoso de esa organización.

Dado ese estado de cosas, el ex vicepresidente Bell Lemus inicia su participación en la mesa de Quito. Allí demostrará si ha aceptado trabajar por un acuerdo que, a diferencia del accidentado con las Farc, construya una paz sólida basada en la justicia o si, por el contrario, ha llegado para firmar un pactosin exigencias a la contraparte de la sociedad.