En una carta de abril de 2015, Sergio Fajardo, entonces gobernador de Antioquia, anunció la crisis que se avizoraba para Savia Salud, por cuenta de la incorporación de nuevos tratamientos no POS a las coberturas para pacientes subsidiados y la paradójica reducción del valor de la UPC para atender esas exigencias a los departamentos. Ese fue el anuncio de tensiones, dificultades y retrocesos que han afectado la viabilidad de la EPS mixta, mermado la confianza pública en su potencial y generado temores en pacientes y prestadores de salud. Hoy el sector salud atiende con expectativas el anuncio y las sugerencias de la asamblea extraordinaria de Savia Salud, en que participarán los socios de la EPS (Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Comfama), más el Ministerio de Salud y voceros de las instituciones hospitalarias que han sido invitadas a renunciar a parte de sus carteras pendientes con esa EPS y a cambio convertirse en accionistas de la misma.

Ensombrecida por la amenaza de que la Supersalud decrete la liquidación obligatoria, porque así lo exigiría su situación financiera, la reunión extraordinaria de hoy se enfrenta a imperativos como la renuncia de Leopoldo Giraldo, quien sólo estuvo seis meses en la Gerencia de la entidad; así como las propuestas de los socios presentes, y esperados, para asumir compromisos con su refinanciación y con la creación de mejores condiciones para su funcionamiento futuro, como son las de garantías del Gobierno de revisar, hacia el alza la UPC por afiliado, racionalización del valor de los servicios y afinar la gestión médica.

La difícil situación actual entra en contradicción con las esperanzas con que el sistema de salud y los pacientes acogieron el nacimiento de Savia en 2013. Las buenas expectativas estaban inspiradas en la confianza entre miembros de la Alianza Medellín Antioquia y la experiencia de Comfama en la gestión eficiente del régimen subsidiado; también en las posibilidades de transformación que se avizoraban por el trámite de la Reforma a la Salud, proyecto que frustrado en 2014, por decisión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el desgano del Gobierno Nacional para insistir en el impulso a un proyecto de ley que estableciera las bases para balancear un sistema, que está en el centro de los derechos garantizados por la Constitución y exigidos vía tutela, que recibe modestos ingresos y ve crecer sus gastos en forma exponencial. Dada la acritud del debate ideológico en torno al modelo de salud, las dificultades nacidas en el déficit financiero y las mayores exigencias de los pacientes, estas dificultades han sido aprovechadas por los ideologizados detractores de la Ley 100 de 1993, para insistir en su derogación para regresar a un sistema estatizado, con bajas coberturas y atenciones.

A medida que crecían la crisis financiera y las dificultades para atender las obligaciones, el último año se han ventilado públicamente distintas explicaciones sobre la crisis y alternativas para superarlas. En las explicaciones abundan las de no pagos de la Gobernación a cuentas de atenciones por fuera del POS, que son su responsabilidad, mismas que han encontrado fuertes críticas por los costos de atenciones hospitalarias y medicamentos. Toda claridad, indiscutiblemente, le garantizaría a socios y pacientes la seriedad de Savia. Los errores si los hubiere, no explican la combatividad que impide acuerdos financieros y torpedean la gestión institucional. Por eso, si hace un año la prioridad era recoger aportes de los socios y el Gobierno Nacional para aliviar el déficit agobiante, hoy es dilucidar si los socios, el Gobierno y los invitados, prestadores dispuestos a cambiar su deuda por acciones, están abiertos a consolidar un modelo de salud que tuvo muy importantes avances en prevención, eficiente en la prestación y que dé ejemplo de sostenibilidad.

La salvación de la empresa es un sueño de los prestadores de salud y una necesidad urgente de sus pacientes. Aún con sus dificultades, Savia Salud ha demostrado que tiene la experiencia, el conocimiento y la cobertura para llegar a ser modelo nacional en la atención en salud para las zonas rurales o semi-urbanas; para generar capacidades de negociación que garanticen racionalidad en el sistema, y para impulsar el desarrollo del sistema hospitalario en subregiones distintas a los centros urbanos.