Así lo reveló el informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", para el que Transparencia Internacional entrevistó a más de 22.000 personas en 20 países de la región.
El 61 % de los colombianos cree que el nivel del corrupción en el país aumentó en los últimos doce meses, según un estudio difundido este lunes por Transparencia Internacional (TI).
En el informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", para el que TI entrevistó a más de 22.000 personas en 20 países de la región, el 59 % de los colombianos encuestados sostiene que el Gobierno está haciendo las cosas mal para "combatir la corrupción", mientras que el 31 % cree que no.
Asimismo, el 30 % de los preguntados "ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a un docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía o un juez o funcionario judicial".
El estudio también señala que en los últimos doce meses los servicios por los que más han pagado sobornos los colombianos son los hospitalarios. Por otra parte, el 65 % de los encuestados cree que es socialmente aceptable denunciar un caso de corrupción y el 74 % sostiene que "las personas comunes pueden hacer una diferencia" en la lucha contra este delito.
"En Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los doce meses anteriores", concluye el informe.
Según el estudio, uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos entre los que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú. Destaca además que la percepción generalizada es que estas prácticas de corrupción están en aumento, los gobiernos no las combaten con determinación, y casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.