El Comando del Ejército Nacional anunció este lunes que inició los “trámites administrativos pertinentes” para el retorno al país del agregado militar en Austria, coronel José Luis Martínez Suárez, ante versiones que informan sobre una presunta orden de captura contra el oficial.
“De acuerdo a la situación jurídica que presenta el coronel Martínez, el Comando del Ejército Nacional está dispuesto a atender los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación”, precisa la institución castrense en un comunicado.
Medios locales indicaron que la Fiscalía ordenó la detención de Martínez, quien presuntamente es investigado por su supuesta vinculación con ejecuciones extrajudiciales a civiles cometidas por militares y conocidas como “falsos positivos”.
Sin embargo, la Fiscalía no ha difundido de momento información oficial sobre el tema.
El Comando del Ejército precisó que al verificar la información “soporte de la comisión al exterior” del oficial, a la fecha de emisión de esta “no se reportaba orden de captura o medida de aseguramiento” que impidiera la salida de Martínez del país.
“El 12 de julio del 2016, el mencionado oficial salió del país con destino a Austria, en su momento no presentó ninguna novedad por parte de los controles de Migración Colombia”, aclaró.
Indicó que el “oficial manifestó su intención de someterse a los parámetros establecidos en el Decreto 706 de 2017”, por medio del cual “se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública" dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado como parte de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

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El componente de justicia de ese sistema es la Jurisdicción Especial de Paz, que investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.
Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.