La estatal petrolera Ecopetrol reforzó este jueves la protección del punto de afloramiento de crudo que ha causado un desastre ambiental en varios arroyos que fluyen por el departamento de Santander con tres nuevos diques para hacerle frente a “los posibles efectos” de las lluvias en la zona.

“La empresa ya cuenta con cuatro diques y cuatro piscinas para prevenir efectos de la temporada de lluvias y nuevos trabajos operativos”, detalló Ecopetrol en un comunicado.

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El vertido de 550 barriles de crudo comenzó en el pozo La Lizama 158, situado en una zona rural de Barrancabermeja, en la que centenares de vecinos se han quedado sin agua debido al afloramiento.

Ese derrame ha causado una gran mancha de petróleo que en un principio se extendió por dos quebradas, La Lizama y Caño Muerto, dejando a su paso miles de animales muertos, la mayoría de ellos peces.

El crudo cayó entre el 12 y el 15 de marzo, fechas desde las que no ha habido más derrames, según la compañía estatal.

Ecopetrol también manifestó que el miércoles llegó al país una unidad estadounidense de “snubbing”, que “permite intervenir pozos en condiciones de alta presión”.

El jefe del departamento de Completamiento de la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Édgar Mora, aseguró que la unidad tiene como objetivo “contribuir con el proceso de identificación de las causas que generan la sobrepresión en el pozo” para “llegar a la etapa final” que permita sellarlo.

La compañía reiteró que “el afloramiento de lodo, crudo y gas se encuentra controlado” y que en este momento se siguen limpiando las dos quebradas.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó el martes el inicio de un proceso de sanción contra Ecopetrol por no haber “informado oportunamente” sobre el afloramiento de petróleo.

La decisión fue tomada por no haber activado un “plan de contingencia, ni ejecutado y controlado la emergencia”, ocurrida desde el pasado 2 de marzo en el predio “Palmas de Colombia”, que hace parte municipio de Barrancabermeja.

Otro de los argumentos para iniciar el proceso fue que el derrame afectó las dos quebradas en un área de 24 kilómetros, así como 20 del río Sogamoso, además de haber generado la muerte de diferentes especies de animales y plantas en la zona.

Ante esta situación, el jefe de la cartera de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le envió una carta al procurador, Fernando Carrillo, para pedirle que el Ministerio Público “inicie los procesos disciplinarios tendientes a identificar a los responsables de esta tragedia ambiental”.

Le envío además otra carta al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para solicitarle la apertura de una investigación penal para este caso.