Ecopetrol informó este lunes que controló el paso de crudo hacia los afluentes de Barrancabermeja que en este momento son el escenario de la emergencia ambiental causada por el derrame de petróleo originado en el pozo Lizama-158.

“Tras recorrer el punto de emanación y los diferentes puntos de control, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, confirmó que no está cayendo ni una sola gota de crudo a las fuentes hídricas de la zona”, notificó la compañía.

Según afirmó la petrolera, el corte del hidrocarburo que llegaba hacia las aguas de la quebrada La Lizama, Caño Muerto y el Río Sogamoso, obedece al trabajo de los técnicos de la empresa, que con la instalación de sistemas de bombeo y tratamientos de fluido en el punto de emisión succionan el petróleo y evitan su llegada a las aguas naturales.

Así mismo, Ecopetrol sostuvo que con la instalación de tres líneas de flujo logró conducir el hidrocarburo hasta la estación central Lizama. “Con un equipo especializado de well testing se logró bajar la presión del pozo y disminuir la emanación de fluidos”, aseguró la petrolera.

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De acuerdo con las cifras manejadas por la compañía, se estima que el vertimiento equivaldría a 550 barriles de petróleo, que se mezclaron con lodo y agua lluvia.

La empresa adelantó que en las próximas horas un grupo de expertos extranjeros llegaran a territorio colombiano para “complementar” las acciones de contingencia ejecutadas hasta ahora. El conjunto de especialistas acompañará la instalación de un equipo para taponar el pozo en forma definitiva.

De momento, el Ministerio de Medio Ambiente no se ha pronunciado para corroborar el control del vertimiento a las fuentes hídricas. La última alocución del titular de esta cartera, fue para advertir que de comprobarse que Ecopetrol pudo evitar la emergencia habrían sanciones.

La mancha de crudo, según medios nacionales, ya se había extendido 24 kilómetros y habría ocasionado la muerte a 800 animales nativos. 

El brote de crudo ya acumula 25 días, mientras la petrolera estatal enfrenta la auditoría de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y una tutela interpuesta conjuntamente por un estudiante y un diputado, ambos santandereanos, por lo que ellos consideraron una atención insuficiente a la emergencia.