Para solucionar el problema de la prestación del servicio de electricidad en la Costa Atlántica, se pretende que EPM tome la dirección de Electricaribe con 2.5 millones de usuarios, que ahora se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional debido a la cesación de pagos e incapacidad para prestar el servicio por parte del operador Gas Natural Fenosa (Con intervención, deudas de Electricaribe quedan congeladas, eltiempo.com, nov 15-2016).
La empresa española tiene una demanda billonaria contra el Estado colombiano por fallas a la protección de la inversión extranjera suscrito con España (La crisis de Electricaribe aumenta la tensión, dinero.com, nov 10-2016). El reclamo de Fenosa se basa en que los usuarios del servicio eléctrico le adeudan 3.6 billones de pesos durante los últimos 10 años, y que esta circunstancia ha obstaculizado la modernización y manteamiento de las redes. El problema es que no sólo los usuarios van a pagar esta demanda sino todos los colombianos con los impuestos.
Carlos Ariel Naranjo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico, señala que: “parte de la cultura de los pueblos de la costa es el ‘no pago’, y decir ‘no pago’ es conexiones ilegales de baja tensión. Entonces es una empresa que le están consumiendo una cantidad de kilovatios y no lo están facturando, lo que va en detrimento de su patrimonio”. Se calcula que Electricaribe ha perdido por “impagos e ineficiencias de energía” 600.000 millones de pesos en 2015 (Donde Electricaribe fracasa, EPM acierta, elmundo.com, Agosto 8-2016).
Al contrario, el superintendente de Servicios Públicos, el barranquillero José Miguel Mendoza, por supuesto, afirma que “la gran mayoría de los costeños sí pagan la energía” (Superservicios: Es un “exabrupto” cobro que Electricaribe hace al país, elheraldo.co, octubre 14-2016).
Sin embargo, los políticos costeños a como dé lugar quieren seducir a EPM para que se haga cargo del servicio, eliminando la regulación antimonopólica del tope del 25% del mercado de energía para los operadores del mercado eléctrico nacional, con el argumento de que ésta medida es una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y no una ley. 
Según el senador costeño del Centro Democrático Daniel Cabrales, “lo ideal es que una empresa como EPM se haga cargo del suministro de energía eléctrica en la Costa y que también se encargue del acueducto y alcantarillado. (“Electricaribe se debe vender a una empresa como EPM”, senador Daniel Cabrales, centro democractico.com, junio 21-2016).
Los políticos costeños que destruyeron, con la corrupción y sus clientelas políticas, las empresas de servicios públicos regionales, llevándolas a la quiebra, y que en el caso de la energía dieron paso a la fusión de ocho empresas en Electricaribe, ahora quieren que EPM les resuelva el problema que ellos propiciaron.
El Gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, aparentemente, espera que la resolución del límite del 25%  sea eliminada y no da por descontado que EPM se haga a cargo de esa empresa: “el Gobierno Nacional tiene que resolver prontamente el problema con Electricaribe. (…) Si la regulación se abre para que un comercializado de energía pueda tener más participación, a nosotros nos interesa” (EPM pidió ampliar tope antimonopolio para comprar o mejorar servicio de Electricaribe, lafm.com.co, nov 8-2016).
El riesgo de asumir esa dirección es muy alto para EPM. Por un lado, los costeños, al parecer tienen una cultura de recibir el servicio sin pagar, y eso va tanto para sus empobrecidos y marginalizados habitantes como para su clase dirigente, premoderna, glotona del presupuesto público, de tierras, baldíos, y regalías.
El otro riesgo es que la clase política costeña, una de las más corruptas del país, al igual que el resto, pero con sus rasgos tropicales, que se roba hasta el presupuesto público para alimentar a los niños, se vería apalancada para intervenir en la dirección de la empresa y el nombramiento de técnicos y trabajadores recomendados.
En caso de que EPM se resista a sus demandas, no es de extrañar que la dirigencia política decida recurrir a sus clientelas partidistas para hacer paros cívicos en contra de EPM y la prestación del servicio. Los paros cívicos contra la mala prestación de los servicios públicos no son una novedad en Colombia y mucho menos en la costa atlántica. 
Precisamente, la acción de los políticos regionales en la promoción de los paros cívicos es clara es algunos eventos: “Hace pocos meses las mismas autoridades departamentales del Chocó, propiciaron un paro cívico para presionar al Gobierno Nacional a solucionar los problemas endémicos que sufre ese departamento” (Belén de Bajirá: ¿Por qué tanto interés del Chocó?, elmundo.com, nov 26-2016). 
Aquí no se quiere señalar la justeza o no del paro cívico en el Chocó, sino la manera de operar de la clase política regional, que en este caso es copartícipe en el desmadre y desangre del Chocó, pero que aún así dirige la ira popular hacia la culpabilidad del gobierno nacional, que la tiene, pero sin asumir la propia.
Electricaribe es un caballo de Troya. Nadie sabe que hay adentro. No se deben recibir regalos griegos, ni chilenos…