El gobierno estadounidense anunció este martes otra lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que el considera "ilegítima" en línea con varios países de la región así como la oposición venezolana.

Mediante un comunicado de prensa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó que "el presidente Maduro invistió esta Asamblea Nacional Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura, y continúa tensando su control sobre el país".

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, recalcó que EEUU respaldará a los venezolanos "en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera".

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EEUU y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Washington incluyera en su "lista negra" internacional al presidente Nicolás Maduro.

A ella se suma Adán Chávez, hermano del líder de la "revolución bolivariana" Hugo Chávez, y quien fue ministro de Cultura.

Además, también figuran Francisco Ameliach, ex gobernador del estado de Carabobo; Erika Farías, ex ministra de Agricultura Urbana, y los ex funcionarios Hermann Escarrá, Darío Vivas y Carmen Meléndez. Todos ellos, miembros de la Constituyente instaurada esta semana y con la que se busca reescribir la Carta Magna y redefinir el orden institucional en Venezuela.

Por ahora, sin embargo, el Tesoro estadounidense sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, como la prohibición a la importación de crudo.

Para el Gobierno de Maduro, que enfrenta una prolongada recesión económica y una inflación que se prevé supere el 700 % este año, las sanciones al petróleo supondrían un grave quebradero de cabeza, ya que tendría enormes dificultades para compensar esta pérdida de ingresos.

El principal problema para Caracas, que produce unos 2 millones de barriles de petróleo diarios (bpd), es que el casi el 40 % que va a EE.UU. es de lo poco que es rentable y que genera las necesarias divisas internacionales para financiar la "revolución bolivariana".

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El venezolano Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas, sostuvo en una conferencia telefónica organizada por el centro de estudios Atlantic Council que las sanciones petroleras deberían ser "la herramienta de último recurso", ya que son las que supondrían un impacto "más severo".

A juicio del experto venezolano, la mayor preocupación ahora es que Venezuela se convierta en "un peón" que se vea forzado "en el tablero geopolítico" marcado por las tensiones entre EEUU y los socios europeos, por un lado; y China y Rusia, por otro.

Tanto Rusia como China, que respaldan a Maduro, reciben entre 500.000 y 650.000 barriles diarios a cargo de préstamos concedidos por Moscú y Pekín para aliviar la difícil situación de la economía venezolana.

Por último, también fue sancionado por el Tesoro, Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.

Precisamente este martes, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, en la que subrayó que las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado "de forma sistemática y generalizada" a miles de manifestantes.

La ONU indicó, además, que un total de 124 personas han muerto en esta ola de protestas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.

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La presión regional continuó, por otro lado, con un encuentro en Lima convocado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski,

En ella, doce cancilleres de toda América -entre ellos los de Brasil, Perú, Argentina y México- reafirmaron que no reconocerán ninguna decisión que tome la Constituyente y no sea refrendada por el Parlamento, al que siguen considerando el único poder Legislativo legítimo en el país.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una ola de manifestaciones, que a menudo se han tornado violentas, y cuya situación se agudizó desde las elecciones de la Asamblea Constituyente, el pasado 30 de julio, y a las que no se presentó la oposición venezolana.