Estados Unidos impuso este jueves sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y otros siete jueces por “usurpar la autoridad” de la Asamblea Nacional, y pidió al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que libere a los presos políticos y “devuelva el poder al pueblo”.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que congelará fondos bajo su jurisdicción a Moreno y a los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, responsables de asumir las funciones de la Asamblea Nacional a finales de marzo, lo que desencadenó las actuales protestas que azotan al país.
El Tesoro informó que la decisión se tomó en coordinación con el Departamento de Estado y después de que todos los sancionados hayan sido responsables de arrogarse el poder legislativo y privar de protección y competencias a la Asamblea Nacional.
Durante mes y medio de protestas en las calles de las principales ciudades del país han muerto 45 personas y han aumentado las presiones para que el Gobierno de Maduro convoque elecciones transparentes y no siga intentando acaparar el poder para contener a la oposición contra la voluntad de las urnas.
Las sanciones incluyen, además de a Moreno, a la cabeza del Supremo desde febrero, a los jueces de la Sala Constitucional Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
Todos ellos también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos, según indicaron fuentes del Gobierno estadounidense en una conferencia telefónica.
“El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo”, indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un gobierno democrático en el país”, añadió Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que impone las sanciones económicas.
“La separación de poderes (en Venezuela) es un chiste”, indicó un funcionario estadounidense, quien pidió que el Gobierno venezolano libere a los presos políticos y “devuelva al control al pueblo”.

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Los funcionarios estadounidenses aseguraron que la intención de las sanciones es corregir el comportamiento de los sancionados y confió en que se dé un cambio de comportamiento, pese a que el Gobierno de Maduro y sus instituciones afines no han dado muestras de ceder ante las protestas.
El presidente estadounidense, que se reunió con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, lamentó “el deterioro de la situación en Venezuela” y aseguró que “está en muy mal estado".
“Una Venezuela en paz y estable va en el interés de todo el hemisferio. Y Estados Unidos estará del lado de los pueblos de este gran hemisferio que anhelan la libertad”, añadió Trump en una rueda de prensa conjunta con Santos.
El senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores estadounidenses más beligerantes en lo referente a Venezuela, aseguró que las sanciones demuestran que “el asunto de los derechos humanos y el respeto por la democracia en Venezuela” es una prioridad para Trump.