El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó ayer a las Fuerzas Armadas del país a involucrarse en su “guerra contra las drogas”, tras apartar de la campaña a los servicios de inteligencia y la Policía por un escándalo de corrupción.

Duterte aseguró, en un discurso en Davao, su ciudad natal, que tiene “el derecho de firmar una orden ejecutiva” para que el Ejército pueda sumarse a su polémica campaña de mano dura contra narcotraficantes y drogadictos.

“Estoy implicando a las Fuerzas Armadas de Filipinas y elevando el problema de las drogas como una amenaza a la seguridad nacional, por lo que puedo instar a las Fuerzas Armadas a prestar su apoyo”, expresó el mandatario.

El presidente filipino, cuya intervención tuvo lugar durante una convención de la Asociación Filipina de Distritos del Agua de Filipinas (Pawd), no ofreció detalles concretos sobre el modo en el que las tropas del país podrían involucrarse en su campaña antidroga.

El anuncio de este jueves llegó tres días después de que Duterte ordenara al Ejército detener a policías corruptos, tras reconocer que las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo prácticas abusivas bajo el paraguas de la campaña antidroga.

Esta campaña fue suspendida el lunes de manera temporal por el presidente, quien prometió centrarse primero en llevar a cabo una “limpieza” en la Policía Nacional.

Duterte volvió a arremeter ayer contra los policías y por primera vez incluyó al Buró Nacional de Inteligencia (NBI) como otra institución a “limpiar”, apartándola así de la “guerra contra las drogas”.

“A partir de ahora la Policía en todo el país y quiero incluir al NBI, el buró también queda suspendido de aplicar las leyes antidroga”, exhortó en la conferencia de Davao.

El mandatario se mostró crítico con los agentes corruptos: “Les damos trabajo, el rango que corresponde, una vida más o menos cómoda, y ustedes van y arremeten contra el pueblo cometiendo traición”, expresó.

La campaña contra las drogas de Duterte comenzó el día de su investidura, el 30 de junio de 2016 y desde entonces se han producido más de 7.000 muertes, de las que al menos 2.500 corresponden a sospechosos ejecutados de manera extrajudicial por agentes del orden por supuestamente oponer resistencia.

La presunta corrupción de la Policía quedó en evidencia al salir a la luz a finales de enero el caso de Jee Ick-joo, un directivo surcoreano que fue asesinado el pasado octubre en Campo Crame, el cuartel general de la Policía Nacional en Ciudad Quezón.

La muerte del surcoreano suscitó fuertes críticas a la política antidroga de Duterte, además de poner en evidencia la corrupción en las fuerzas de seguridad.

El presidente, en todo caso, dejó claro que una vez lleve a cabo la “limpieza” de la Policía reanudará su controvertida campaña contra las drogas y la prolongará hasta el final de su mandato, que concluye en el año 2022.