La rimbombante retórica que define la firma del Acuerdo de La Habana como panacea milagrosa a los problemas colombianos, le permitió a la directora en Colombia de Acción Popular Noruega, contratista del proceso de paz, atenuar el durísimo capítulo sobre Colombia en el informe de la campaña Monitor de Minas Antipersonal y Municiones Racimo, que vigila el Tratado de Ottawa y que mantiene a Colombia como el segundo país del mundo, después de Afganistán, con mayor amenaza por minas antipersonal.

El 2016 no cierra como un mejor año en la dramática historia de las minas antipersonal en Colombia. Es cierto que, como destacó El Tiempo, se ha presentado una importante reducción en accidentes, que pasaron -a noviembre- de 222 en 2015 a 74, entre ellos los sufridos por cuatro niños. A falta de explicaciones sobre esta reducción de daños, saltan preguntas por la conexidad que pueda tener la menor accidentalidad con la reducción de patrullajes militares y controles de la Fuerza Pública, situación que minimiza sus riesgos. Además, no es clara la certificación de menos accidentes con la afirmación, reiterada en varios apartes del informe, de que “durante el año pasado, grupos armados no estatales usaron minas antipersonal en diez países: Afganistán, Colombia, Irak, Libia, Birmania, Nigeria, Pakistán, Siria, Ucrania y el Yemen”. Además, indica el informe, también en esos países los grupos criminales fabricaron minas. Como esta constatación coincide con el período de cese el fuego bilateral con las Farc es una lástima que el Monitor no especifique los nombres de los grupos responsables de usar armas condenadas por el Estatuto de Roma.

Tan penoso como el reconocimiento de la pervivencia de esta práctica perversa es admitir la falacia en la promesa de que en 2025 Colombia estará libre de minas antipersonal, en virtud del proceso de paz, así como la incapacidad de cumplimiento del Tratado de Ottawa, en el que se acordó el compromiso de los países con la descontaminación total para el año 2021. 

La imposibilidad se explica en que, señala el informe, el país no ha podido cumplir con planes parciales de desminado presentados a la comunidad internacional. En el período 2011-2013, “Colombia no alcanzó sus objetivos” -reza el informe- de limpiar 15 kilómetros cuadrados en 6.000 zonas peligrosas y minadas, que están en catorce de 660 municipios bajo sospecha de estar contaminados con estos artefactos. Los autores consideran que puede suceder lo propio con el compromiso de adelantar la primera fase de intervención en 91 municipios, gracias a la creación de 54 unidades militares para el desminado, en 2016, y la dedicación de quince grupos de desminado humanitario, acción cuyos nuevos logros no han sido divulgados por las fuentes gubernamentales responsables. 

Además, avanzar en el desminado, señala el informe, es difícil por la falta de información sobre las zonas contaminadas. Esta falencia pudiera ser subsanable con la exigencia a las Farc, principal responsable de sembrar el país con minas, de que entregue información completa y confiable, y asuman la carga del desminado. Aunque algunas consideraciones al respecto han sido incluidas en el nuevo Acuerdo de La Habana, ni siquiera la ONG Acción Popular Noruega las admite como garantía de compromiso con el retiro de las armas “inestables y peligrosas” sembradas para “proteger posiciones estratégicas, frecuentemente cultivos de coca y campamentos”, mismas que “permanecen bloqueando acceso a las carreteras, colegios, caminos, escuelas y otras infraestructuras civiles, además de que dificultan el uso productivo de tierras agrarias”.

El tercer enemigo de las esperanzas que Colombia ha puesto en el desminado humanitario es la drástica reducción de presupuestos internacionales para este propósito. Después del compromiso del Gobierno Obama con Paz Colombia, que implicaría una donación de 36 millones de dólares para el desminado entre 2016 y 2018, el país espera que se realicen los compromisos de once naciones que participaron de la cumbre ministerial de septiembre por el desminado de Colombia, que podría recoger 81,5 millones de dólares para un proyecto con costo estimado, inicialmente, en 200 millones de dólares. Los compromisos de las Farc con la reparación no incluyen la dedicación de recursos económicos o materiales para desminar, apenas se circunscriben a que ayudar a ese fin sería una “pena” posible para quienes reconozcan verdad plena en la Justicia Especial para la Paz.