Como todo mundo sabe, dos cosas ocurrieron el domingo pasado: el inobjetable triunfo de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, con más de 10 millones 370 mil votos, y el importante número de sufragios por Gustavo Petro, un poco más de 8 millones.

La legitimidad de la victoria de Duque está fuera de toda discusión. Es el presidente que más votos ha sacado en las elecciones presidenciales en la historia de Colombia. No tenía maquinaria. Fueron votos de opinión, que se constituyeron por aquellos que siguen a Uribe, pero también, en su mayoría, por ciudadanos procedentes de otras vertientes e independientes. Su programa basado en el apego irrestricto a la legalidad, la búsqueda de la equidad y el emprendimiento; su compromiso con las verdaderas víctimas del conflicto, su condena a la impunidad y a la corrupción de importantes funcionarios del estado y de los grupos armados; su compromiso con la eliminación del flagelo del narcotráfico;  la juventud y frescura del candidato; su posición conciliadora y de centro, alejada de cualquier extremismo; serenidad y respeto en el debate, le ganaron el apoyo popular y lo catapultaron a la presidencia.

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Sus actuaciones esta semana han sido mesuradas. Ha habido un acercamiento a las Cortes; una reiteración sin esguinces de que no recurrirá a la mermelada en el congreso para conseguir la aprobación de sus proyectos; una declaración de que apoyará la consulta anticorrupción, pero mejorando y ampliando las políticas contra ese flagelo. (De hecho, anoto yo, todo lo que allí se consultará ya se encuentre en la ley, salvo la disminución del salario a los congresistas, y quedan por fuera elementos cruciales como, por ejemplo, las drásticas sanciones, además de las penales, a empresarios y funcionarios para que no puedan volver a contratar con el estado, o la extinción de dominio sobre sus bienes, anunciadas por Duque, que tendrán que ser tramitadas para una verdadera política anticorrupción).

También se destacan un importante mensaje a la Corte Constitucional y al Congreso sobre la reglamentación de la JEP para que se pueda clarificar ese trámite necesario para conocer los verdaderos alcances de ese sistema; su reiteración, aquí en el país y en conversación con el vicepresidente de USA, Pence, del compromiso de erradicación de la coca dentro de parámetros que no arriesguen la vida de civiles y militares ni dañen los ecosistemas; el inicio del empalme con Santos, de deliberación interna y con personalidades para establecer los consensos necesarios para hacer un gobierno transparente, eficaz y eficiente al servicio del país; sus declaraciones en entrevistas sobre política agraria incluyente, entre otros temas.

Por su lado, Petro no es dueño de muchos de los votos que obtuvo, pero ya comenzó a actuar como si fueran suyos. Un sector de centro lo apoyó, lo mismo que aquellos a quienes el odio a Uribe pudo más que la consideración de la defensa de la democracia. Ganó en Bogotá por el respaldo que tuvo de Mockus y López, pero ya comenzó a amenazar a Duque, notificándolo de que, si no hace el metro subterráneo, se las tendrá que ver con él.

Ganó también en la franja del Pacífico colombiano y en el Vaupés, precisamente donde reinan el narcotráfico y la minería ilegal, controlados por los grupos armados. Además, ganó en Atlántico, Sucre, bastiones del clientelismo.

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De hecho, Petro tiene claro que, si causa caos e impone la lucha de clases y el choque étnico, tendrá opciones claras de ganar en el 2022. Por eso, amenazó con una política confrontacional, en la idea de fomentar la ingobernabilidad. Sus militantes ya comenzaron a hablar de resistencia y se sabe lo que esa palabra significa en boca de izquierdistas radicales. Es sabido que en la alcaldía de Peñaloza ha habido disturbios en el sistema de Transmilenio y movilizaciones que causan problemas en la capital, y de movilizaciones en las zonas cocaleras y de minería ilegal. Es factible que esa actitud confrontacional sea la constante para preparar el triunfo en 2022, el cual, ya lo anunció Petro, es su objetivo central.

Se avecinan, entonces, posiblemente, tiempos tormentosos. Tiene múltiples tareas en muchos frentes, pero debería priorizar sus objetivos, y poco tiempo: 4 años. La primera gran fecha para medir fuerzas son las elecciones en 2019 para alcaldías y gobernaciones. El presidente Duque tendrá que esforzarse en generar confianza para ampliar su base social y generar consensos con sectores de centro que no sean militantes camuflados de Petro para evitar que este se tome Bogotá, lo cual sería un pésimo escenario.  El combate contra la corrupción es la mejor herramienta para ganar el apoyo de los ciudadanos a sus instituciones y a al gobierno. Las medidas tienen que ser inmediatas y de choque. La lucha contra la pobreza no da espera. Las decisiones que favorezcan realmente a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad y del campo, son urgentes.

 El combate al narcotráfico y la minería ilegal deberían ir acompañados, y eso lo tiene claro Duque, con políticas sociales que den salidas dignas a los habitantes de esas zonas. Sé que decirlo es fácil, pero ya existen experiencias en el país. Recuperar, cuanto antes la legalidad en esas zonas es indispensable.

En fin. La democracia ha conseguido cuatro años de respiro. Pero está en un período de prueba. O Duque y los colombianos con él, la consolidamos, o, en el 2022, por esta época estaremos llorando por la oportunidad perdida porque Petro llegará al poder.