A tres semanas de gobierno, el presidente Duque ha tenido indudables aciertos: sabedor de que la corrupción tiene hartos a los colombianos de todas las ideologías y que su combate es una prioridad nacional, convirtió la consulta anticorrupción, con la que sus contradictores quisieron hacer réditos políticos y arrinconarlo, en un triunfo y una lección de política.

Es así como previa a esta, presentó al Congreso cuatro proyectos para atacarla: limitar a tres los períodos en los que una personas puede ser elegida a cuerpos de representación popular; la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, punto que no estaba en la consulta promovida por la oposición, y los siguientes que sí estaban: la obligación de los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones de renta, y el diseño de pliegos tipo de obligatorio uso, para las licitaciones de los entes territoriales de cualquier nivel, en los que el Estado fijará las condiciones generales que los contratistas deberán cumplir.

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Pero Duque apoyó, simultáneamente, la consulta y alentó a los ciudadanos a votarla, aun cuando su partido, el Centro Democrático le quitó el respaldo a esta, apostando a su fracaso, con el argumento de que las iniciativas presentadas al Congreso por el presidente eran contundentes, mientras que las de la oposición eran inocuas, y, tal vez, con la consideración, no expresada, de que apoyarla era empoderar la candidatura de Claudia López a la alcaldía de Bogotá y a otros candidatos de la oposición en el país, para las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2019.

El resultado le dio la razón a Duque. La consulta no pasó el umbral, pero sacó un número muy importante de votos. Y aunque este caudal ha sido cuestionado por algunos, razonablemente, con la acusación de que hubo un gigantesco fraude -a las 12:00, según datos de la Registraduría, dicen los denunciantes, habían votado un poco más de 2 millones de colombianos y entre esa hora y las 16:00, se acercaron más de más de 9 millones, para un total de más de 11 millones 600 mil votos- el hecho es que la acusación no ha prosperado. Pero el resultado obligó a la oposición a sumarse a la convocatoria hecha por el presidente esta semana que termina, en la que se logró un acuerdo para apoyar al Congreso las propuestas de Duque, las de la Fiscalía, la Procuraduría y algunas de las negadas en el referendo.

De esta manera, Duque da salida al anhelo nacional de luchar contra la corrupción, se muestra como el líder en la lucha contra ella y le baja el perfil a las pretensiones de la izquierda. Ahora bien, aunque el referendo hubiese sido aprobado, Duque hubiese salido indemne de la coyuntura política porque mostró su apoyo al combate a este flagelo. Tal vez no tanto como ahora, pero siempre hubiese podido invocar el consenso de propuestas para el trámite de un paquete de normas ante el Congreso y demostrar que es un adalid en enfrentar ese cáncer.

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Duque enseñó que el cálculo político de un dirigente pasa por satisfacer las reivindicaciones de la gente, independientemente de que haya otras fuerzas que pretendan disputarle el liderato. Porque las causas más sentidas de los ciudadanos no le pertenecen a nadie, sino sólo a los que les da salidas correctas. Ya no existe la lealtad por el nombre, sino por las realizaciones. Un nombre pesa, en el tiempo, porque ha acertado generalmente en sus decisiones, pero puede perder el apoyo popular, si cree que sus necesidades son las de la gente.

Duque también ha acertado plenamente con los Talleres Construyendo País, su versión de los Consejos Comunitarios de Uribe, con los cuales se acerca a la comunidad, escucha de primera mano sus necesidades y busca salidas a estas, en el marco de la cooperación institucional. Y lo mismo ha hecho frente a la negociación con el Eln, exigiéndole que libere sin condiciones a todos los secuestrados y renuncie al secuestro, si quiere dialogar con el gobierno.

Sin embargo, hay nubarrones en el futuro. La izquierda radical busca, por todos los medios, señalar a Duque de ser un gobernante que ejerce el poder para los ricos. Las declaraciones del ministro Carrasquilla, de impulsar una reforma tributaria que generalice el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar, es desastrosa. El presidente hizo campaña afirmando que no aumentaría los impuestos a los pobres. El IVA es el más inequitativo de todos ellos. El sólo plantearlo es una ofensa a los colombianos de a pie. La palabra del mandatario debe ser sagrada y cumplir sus promesas electorales, un imperativo categórico. Es lo que diferencia al que hace política para servir al pueblo, del que lo hace para satisfacer intereses privados y personales.

Además, es entregarle la oportunidad a la oposición de que golpee al gobierno y se posicione para las elecciones del 2019. Si esas fuerzas ganaran esos comicios, sería un golpe casi definitivo para la democracia colombiana, pues se apalancarían en el poder local y regional para los del 2022. El presidente, durante su campaña habló de hacer más eficiente el recaudo. Para 2016-2017, se estima que la evasión del IVA fue del 23%, y la de las personas jurídicas, en el impuesto de renta es del 40% en 2016. Aquí hay una fuente de ingresos que no golpean más los bolsillos de las clases trabajadoras y medias. Como también lo es recortar un estado gigante, multiplicado n veces por Santos para corromper a los partidos a cambio de gobernabilidad. En esos dos objetivos debería centrarse cualquier reforma fiscal en Colombia, junto con la anunciada rebaja de impuestos a las empresas, a cambio de generar más trabajo formal. El presidente es Duque, no Carrasquilla. Y creo que respetará su palabra ante los colombianos. Porque no puede perder, con una mala decisión, lo que ha ganado con inteligencia.