La iniciativa busca “sancionar severamente a empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado” y “limitar a no más de tres períodos” la presencia “en cuerpos colegiados de elección popular”, según dijo Duque.
El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este martes que radicará ante el Congreso un “paquete anticorrupción” con el que buscará “empoderar” a los ciudadanos para que denuncien este delito y endurecer las penas contra quienes lo cometen.
“Hoy con agrado, con amor y con complacencia radicamos ante el Congreso este paquete anticorrupción porque la defensa de la ética pública es de todos y juntos la vamos a construir”, dijo Duque en su primer discurso como presidente de Colombia, cargo que ocupará hasta el 7 de agosto de 2022.
“Vamos a promover los pliegos tipo en todos los contratos de las entidades estatales, hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la publicación de la declaración de bienes de todos los funcionarios un deber constitucional”, añadió.
El jefe de Estado dijo además que le “duelen” los “escándalos de corrupción en la alimentación escolar, en el sistema de salud, en proyectos de infraestructura, en los abusos de la contratación directa o en los peligrosos carteles de únicos proponentes, que han deslegitimado al Estado”, situación que amerita una “acción inmediata”.
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La propuesta de Duque se suma a la Consulta Anticorrupción que se celebrará el próximo 26 de agosto y contiene siete preguntas, cada una de las cuales cuenta con las opciones “Sí” o “No”.
Entre los temas a consultar figuran la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen más de 25 salarios mínimos legales vigentes y la posibilidad de que haya cárcel para los corruptos, así como el prohibirles volver a contratar con el Estado.
Por otra parte, Duque dijo que Colombia debe seguir un camino de la legalidad que demanda que entre “el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial” se logre una reforma a la justicia que “la haga más eficiente, más cercana al ciudadano” y “más confiable”.
“La reforma a la justicia no da espera porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos, los riesgos de corrupción y en muchos casos la falta de transparencia se va carcomiendo la esperanza colectiva”, aseveró.