Esta semana estamos conmemorando el bicentenario de la existencia del Consejo de Estado, una de nuestras altas Cortes y el máximo organismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hecho que se presenta en medio de una de una enorme crisis nacional, que afecta la totalidad del orden institucional y la confianza en los organismos del Estado.

Aunque no es lo mismo hablar del Consejo de Estado, que, del derecho administrativo, la realidad es que tienen una íntima relación que los vincula inevitablemente.  Por tanto, en el bicentenario del Consejo de Estado, la reflexión central que debe hacerse está relacionada con el examen del presente y el futuro del derecho administrativo en el país.

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Los temas que están en el orden del día de la agenda nacional y local, afectan en forma directa las instituciones propias del derecho administrativo, que debe aportar en temas tan relevantes, como:  (i) las privatizaciones y el ejercicio de funciones públicas por particulares; (ii) la construcción de una verdadera política anticorrupción, (iii) el fortalecimiento de nuevas formas de democracia de participación, (iv) la transformación de los organismos de control y (v) especialmente el direccionamiento del modelo económico y social, para que mediante la intervención del Estado, avancemos en la eliminación  de la brecha existente entre los diferente grupos poblacionales.

La crisis por la que atraviesa el país hace necesario que se precise el nuevo horizonte del derecho administrativo, caracterizado por el fuerte impacto que representa la constitucionalización del derecho administrativo, y la unificación de la doctrina administrativa, a través de las sentencias que sobre control constitucional de las leyes y acciones de tutela ha venido profiriendo la Corte Constitucional.

El tema es de una importancia sustancial, pues a pesar de que el Consejo de Estado, es la suprema autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por ese hecho no deja de estar sometido a la Constitución y esa sujeción se concreta en el respeto y acatamiento del precedente del propio Consejo de Estado, pero además especialmente el originado en la Corte Constitucional.

La construcción de una teoría sólida, basada en la prevalencia del interés público o social, la protección de los derechos, la dignidad humana, la equidad y el cumplimiento de los fines sociales del Estado, deben ser la base sobre la que se consolide el respeto por el precedente judicial, y la seguridad jurídica propia del Estado social de derecho.

En materia de servicios públicos, es la hora de evaluar las bondades y defectos que ha traído, la entrega a particulares del sistema de salud y seguridad social en el país, y de evaluar los resultados de la liberalización del sector de los servicios públicos domiciliarios y del de tecnologías de la información y las comunicaciones, para que se rectifique el rumbo, en los aspectos en que estemos fracasando y se adopten medidas de intervención del Estado en la economía, con el fin de que puedan efectivamente cumplirse los fines propios del Estado, pues al fin y al cabo los servicios públicos, no dejan de serlo por el hecho de que los presten los particulares.

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Al papel del derecho administrativo, que se ha orientado al control de los abusos del poder, a la indemnización de las personas por los daños antijurídicos que le ocasiona el Estado, a la garantía del adecuado ejercicio de la función pública, deben sumarse otras actividades de similar importancia y alcance, como es la garantía de la universalización de los servicios públicos, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y los derechos colectivos, pero sobre todo la consolidación de un régimen político social y económico edificado sobre la equidad y la democracia, lo que indica que posiblemente nuestro derecho administrativo y especial nuestro Consejo de Estado tenga más retos de futuro, que pasado.

Para los administrativistas, el bicentenario del Consejo de Estado debe tenerse como un motivo de reflexión, sobre el futuro de la disciplina, la necesidad de consolidar sus instituciones que son diferentes a las propias del derecho privado, y para ponerse al servicio de la sociedad, que al fin de cuentas es la razón de la existencia del Derecho.