El progresivo agotamiento de la agenda informativa hace que los medios retomen temas que consideran fríos. Entre ellos, el clima, apenas mencionado como excusa de tragedias producto de la imprevisión y la indolencia; o la infancia, cuyas múltiples carencias apenas si merecen algunas líneas periodísticas. Es así, pues, como por estos días vuelven a ser noticia, en las que se descuidan el contexto y las implicaciones, los 69 menores de 5 años de La Guajira que sólo en este año han fallecido por causas asociadas a la desnutrición, o que se da relevancia a informes sobre los déficits en la protección de la infancia y la adolescencia, que demuestran contrastes entre la realidad y los compromisos asumidos en la ratificación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de la Niñez, y el Código de Infancia y Adolescencia, ley desde 2006.

Entendemos el olvido de la infancia pues tenemos los derechos de niños, niñas y adolescentes como prioridad informativa de EL MUNDO. Una de las manifestaciones de la desatención son los repetidos escándalos a propósito de los datos que señalan la falta de políticas y decisiones que permitan realizar los propósitos constitucionales y legales de dar protección a los niños y adolescentes, hoy 16 millones de colombianos. Reconocemos que sería inhumano no indignarse con noticias sobre el abandono en el que cada día dejan a tres niños en promedio; no preocuparse por la malnutrición, que padecen por lo menos el 20% de los niños y niñas, o dejar de reclamar por los hechos de violencia sexual, sobre todo cuando en 2015 hubo 19.181 denuncias ante el Icbf, las cuales demuestran mayor ocurrencia de estos delitos. Y entendemos que es inevitable enojarse con la cifra de 500.000 menores de edad sometidos a trabajar, muchos en condiciones peligrosas y degradantes, o que es inaceptable la pasividad de las autoridades frente a un promedio de dos asesinatos por día, de niños y niñas. Sin embargo, también lamentamos que la indignación con datos o historias estremecedoras apenas se traduzca en emociones que no alcanzan para hacer seguimiento y control a las decisiones, o falta de ellas, para atender a esta población, cuya suerte compete por igual al Estado, que debería actuar siguiendo la guía sabia y responsable del Icbf, y las familias.

Los síntomas de desprotección revelan a un Estado indeciso para tomar una eficaz ruta de atención a la infancia. Y lo está a pesar de que el Icbf cumplirá 48 años de vida, en los que ha gozado de sólida financiación gracias a que es destinatario de contribuciones específicas, designadas por leyes que siguen aspirando a que la burocracia se compadezca de los desvalidos. La suma de deficiencias de la infancia es revelación dramática de que el país no ha construido un sistema comprometido con la protección de los niños, niñas y adolescentes. O sea, es prueba de que las sucesivas direcciones del Bienestar Familiar, y las entidades del Ejecutivo y el Poder Judicial que deberían acompañarlas, han fallado en definir los medios para prevenir daños a la infancia, garantizar que todos los niños y niñas reciban cuidados para su crecimiento y rescatar a quienes han sido abandonados o sufren vulneraciones a sus derechos, menores de edad que debieran ser minoría en un país equitativo y que se declara en proceso de construir una paz estable, duradera, incluyente y sostenible.

En un importante estudio publicado antes de la apresurada aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2017, el Comité de los derechos del niño identificó 19 acciones urgentes para la infancia, y en ejercicio econométrico muy cuidadoso determinó su costo e impacto presupuestal. El documento titulado Ruta de universalización de los derechos (accesible en https://goo.gl/ZRLrHG) señala que si el país espera llegar a 2020 ofreciendo eficaz protección de los catorce derechos fundamentales de la infancia tendría que invertir 89 billones de pesos, o sea dos puntos del PIB anual durante los próximos cinco años. Y agrega que si la meta se fija para cinco años más tarde (desperdiciando la niñez de gran cantidad de personas), la inversión a realizar sería de 80 billones de pesos, gastando 0,8 del PIB anual. La propuesta consiste, entonces, en duplicar la inversión actual, que es de 0,4 puntos del PIB, para dedicar al 30% de la población cerca de la tercera parte del presupuesto destinado a Defensa en la gestión 2016, cuando su presupuesto fue de 3,4 puntos del PIB, según el Banco Mundial.