La suspensión temporal del decreto mediante el cual Donald Trump lanzó un veto migratorio contra siete países mayoritariamente musulmanes y tomó otras disposiciones, fue decidida por el juez James Robart el pasado 3 de febrero. Bob Ferguson, procurador general del Estado de Washington, denunció algunos puntos claves del llamado muslim ban (prohibición de musulmanes), lo cual fue rechazado por el presidente y apelado por la Administración. Trump declaró en Twitter que “la opinión de este supuesto juez, quien básicamente no permite la aplicación de la ley en nuestro país, es ridícula y será rechazada”. Y cuando la Corte de Apelaciones decidió confirmar la suspensión del decreto, el pasado 9 de febrero, Trump calificó la sentencia de “vergonzosa”. El cruce de declaraciones y decisiones es vista por el mundo entero como un contrapunteo político, pero el asunto es mucho más complejo.

100 años de legislación anti inmigración 
El 27 de enero a partir de las 4:42 p.m., hora en la que se firmó el decreto, muchas personas radicadas en Estados Unidos se encontraron bloqueadas y sin acceso al país. Familias resultaron separadas. Esta medida provocó olas de protesta por parte de los ciudadanos y también de los políticos, hasta que la decisión de Trump fue bloqueada por la justicia. 
Aunque, históricamente, Estados Unidos es una tierra de inmigrantes, la paradoja no se presenta por primera vez: el presidente se inscribe en una larga tradición de regulación migratoria. Hace 100 años se votó el Immigration Act conocido como Asiatic Barred Zone Act, que impedía el ingreso de cualquier asiático que no viviese en Japón o en Filipinas. Entre tanto, otras medidas también se sumaron para controlar quién llegaba a EE.UU. La diferencia de opinión sobre la cuestión migratoria se manifestó a lo largo del siglo XX con leyes que aplicaban restricciones y otras que las anulaban tiempo después o que las reducían. Las razones principales que han sido evocadas para aplicarlas son, ante todo, la necesidad de proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad, como también facilitar la paz y el bienestar del país. No obstante, las opiniones son diferentes en cuanto a la manera de alcanzar aquellos objetivos de paz, defensa y prosperidad. 

Proteger la Constitución 
Lo que sí está claro es que el papel de la justicia es velar por el respeto de los principios y libertades definidos por la Constitución. Pedro Piedrahíta, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, insistió en ese punto. A pesar de las declaraciones del presidente Trump, en las que denunciaba el carácter político de las decisiones de la justicia, no se puede olvidar que el papel principal de esta es que no se viole la Constitución, la cual se sitúa por encima de todas las instituciones del país. Las pasadas audiencias han servido para verificar la necesidad y la posibilidad de aplicar aquel decreto que impide a personas de siete países de mayoría musulmana entrar a EE.UU.
La administración Trump apeló la decisión del juez James Robart de suspender el veto. Sin embargo, la apelación fue rechazada y la suspensión mantenida de manera unánime por tres jueces de una de las doce cortes de apelaciones del país. La reacción de Donald Trump no tardó en ser publicada en Twitter, su modo de comunicación preferido, donde declaró: “Nos vemos en la Corte [suprema]”. Así, el caso pasa a ser examinado en la máxima institución judicial del país. Este es el último recurso posible para que se vuelva a instaurar el veto. Si el Tribunal Supremo confirma la suspensión definitiva de la orden ejecutiva, Piedrahíta opina que será la ocasión para el presidente de tomar el tiempo y analizar “de fondo cómo funciona el sistema en los Estados Unidos”. No obstante, el magnate no cuenta con este final: en una rueda de prensa aseguró que “continuaremos el proceso en los tribunales (...). Y no tengo duda de que ganaremos ese caso particular”. 

El peso del Congreso 
La justicia no es la única rama del sistema estadounidense en tener poder sobre las decisiones del presidente. A pesar de la preocupación de mucha gente luego de la investidura de Donald Trump, es importante recordar que el sistema político americano está constituido de tal manera que el presidente no tiene tantos poderes como en otros países. 
Si bien Trump, con su nuevo cargo, decide aplicar las leyes, es jefe del Ejército y se encarga de nombrar a un gran número de funcionarios incluyendo cónsules, embajadores, jueces y ministros, hay varios elementos del sistema político americano que reducen su poder. Así es como el Congreso puede derrocar al presidente si se le condena por traición, corrupción u otro crimen mayor. Eso sólo ocurrió solo una vez en 1974, con el presidente Richard Nixon, a causa del escándalo del Watergate. Este proceso es conocido bajo el término de impeachment. Además, aunque Trump tenga el Poder Ejecutivo entre sus manos y por lo tanto tenga la responsabilidad de aplicar o no una ley, el Congreso puede ratificar leyes también. Eso es posible si, después del veto del presidente y la reevaluación de un proyecto de ley en las dos cámaras, es aprobado por dos tercios de cada una de ellas. Así, el texto descartado por el presidente puede volverse ley gracias a las dos instituciones legislativas. 

Luchar contra el terrorismo 
La preocupación por los ataques terroristas que se han multiplicado en los últimos años conciernen a una gran parte del planeta y EE.UU. ha integrado el asunto a su política exterior. El problema que ha sido destacado en la medida que tomó el presidente es que se discrimine a personas en razón de su religión y de su nacionalidad. Sin embargo, el bloqueo del decreto no significa que se deba dejar de lado cualquier medida en contra de esa amenaza y de otras. Piedrahíta citó el caso reciente de Argentina, donde el presidente Mauricio Macri firmó un decreto para reforzar la ley migratoria a finales de enero. El objetivo principal es prohibir la entrada de criminales al país y facilitar la expulsión de aquellos que ya se encuentren en él. En este caso, el pasado penal de las personas representa el criterio principal por el cual se le concede o no la entrada al país.