Los diputados venezolanos recibieron su último salario en esta fecha hace un año, debido a una de las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, informó el secretario del sindicato de trabajadores de la Cámara, José Rivero.

El Poder Judicial, que ha declarado al Legislativo en desacato por incumplir varias sentencias, también ordenó en enero suspender cualquier asignación presupuestaria al Parlamento, lo que ha dejado sin ninguna partida a esta instancia elegida en 2015 por 14 millones de venezolanos y tildada de "golpista" por parte del Gobierno.

"El argumento es el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial", dijo Rivero tras recordar que el máximo órgano judicial ha dictado cerca de 50 sentencias contra el Poder Legislativo desde que la oposición se hizo con su control en enero de 2016. Para entonces una inédita y absoluta mayoría opositora agarró el mando de la Cámara, que en ese momento llevaba 15 años ininterrumpidos al servicio de la llamada revolución bolivariana sin que ninguna de sus leyes o actos fueran cuestionados por el Supremo ni por la Presidencia de la República.

El sindicalista explicó que la "primera medida contra los trabajadores de la AN", por la que acusó al Judicial y al Gobierno de Nicolás Maduro, se aplicó en mayo del año pasado cuando decidieron "retrasar los pagos" de todos los trabajadores, aunque estos no han dejado de cobrar.

Luego vino en agosto la paralización en el pago de los salarios de los diputados, y en enero de este año la Sala Constitucional dictó una "intervención administrativa" en la que ordenó al Ejecutivo la "paralización" de la asignación presupuestaria de la AN, según dijo. Rivero indicó que estas medidas han dificultado la gestión del Parlamento debido a la falta de recursos económicos para actividades propias del organismo como la compra de materiales, el reacondicionamiento de los espacios, el pago de dietas o la celebración de sesiones fuera del Palacio Federal Legislativo.

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Afirmó además que la nómina de trabajadores de la Asamblea, excluyendo a los diputados, la asumió este año el ministerio de Economía y Finanzas, órgano al que reclaman en la actualidad el pago de una deuda que asciende, según cálculos de los empleados, a 22.000 millones de bolívares, unos 7,4 millones de dólares.

Incluyendo a los 167 diputados que ocupan los escaños, el Parlamento venezolano agrupa a 4.500 empleados, de los cuales 1.435 están jubilados, y todos, asegura el portavoz, se han visto afectados de alguna manera por las acciones de la Alta Corte.

Quienes más acusan este cese en los pagos son los representantes del interior del país que deben -bajo sus propios medios- viajar durante horas por carretera o tomar algún vuelo que los lleve hasta Caracas cada vez que se convoca una sesión en el Legislativo, generalmente dos por semana.

Estos legisladores recibían, por mandato de ley, un pago adicional bajo el concepto de "dieta" que también dejaron de percibir en agosto de 2016. Mientras tanto, los 30 diputados que ocupan cargos de presidente o vicepresidente en las 15 comisiones permanentes en las que se distribuye el grueso del trabajo parlamentario también llevan 12 meses sin el cobro de las primas correspondientes.