Siete familias campesinas de Colombia recuperaron sus derechos sobre 600 hectáreas que ocupó el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso y que fueron puestas a nombre de una sociedad que encabezaba Martha Dereix, esposa del antiguo cabecilla, informaron este miércoles fuentes oficiales.
Las tierras están ubicadas en el pueblo de Las Flores, que forma parte del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte), un área de fuerte influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron en 2006, indicó la Unidad para la Restitución de Tierras en un comunicado.
Entre 1997 y 2003 los paramilitares perpetraron homicidios selectivos, desaparecieron habitantes y abusaron de las mujeres de la zona.
Además, tomaron el control de la zona, ubicada estratégicamente entre los corregimientos (pueblos) de Santa Fe de Ralito y Palmira y por la que se movilizaron sin restricciones, agregó la información.
Los magistrados de restitución de tierras decidieron no conceder "la buena fe exenta de culpa, a quienes se presentaron como opositores del proceso", entre ellos Dereix.

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"Ellos aseguraron que los predios fueron adquiridos haciendo caso omiso de la situación de conflicto que vivían las familias, en el corregimiento", expresaron.
En este sentido, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, subrayó que "este es un resultado satisfactorio" por lo que celebró la decisión de los magistrados.
"Insistimos en que estos casos no van a quedar en la impunidad y que las tierras arrebatadas por los violentos van a ser devueltas a sus justos y legítimos propietarios", aseveró.
En abril del año pasado otras 23 familias campesinas de Córdoba recuperaron los terrenos de la finca El Levante, que a finales de los años 90 fue un centro de operaciones de Mancuso.
Ese predio, de 414 hectáreas, volvió a manos de los labriegos como parte del programa de Restitución de Tierras que lidera el Gobierno para las víctimas del conflicto armado.
El exlíder paramilitar fue condenado en 2015 por la Corte del Distrito de Columbia (EE.UU.) a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.