La Fiscalía detuvo este miércoles a cuatro personas, entre ellas un ciudadano ecuatoriano, como parte de la investigación mundial relacionada con los llamados Papeles de Panamá.
Los capturados son el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo representante legal en Colombia de la firma Mossack Fonseca; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.
Según detalló la Fiscalía en un comunicado “la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”.
Por este caso también serán imputados por el delito de “falsedad ideológica en documento privado” los representantes legales, contadores y revisores fiscales de las compañías Inversiones Zambrano Pinzón Asociados, sociedad Artextil, la sociedad El Heraldo, Rymel Ingeniería Eléctrica y Medicina Nuclear Diagnostica, a cuyos miembros también los acusarán de cometer fraude procesal.
Los Papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto uso de sociedades anónimas creadas por el bufete Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de decenas de países de todo el mundo.
Según la Fiscalía, las sociedades extranjeras “eran meras fachadas” con las que Mossack Fonseca firmó contratos por "servicios ficticios" que nunca prestaron con empresas colombianas, que sí pagaron las facturas falsas.
“Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”, añadió la información.

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El ente acusador agregó que Mossack Fonseca cobraba un porcentaje de entre el 2,5 y 4% del valor de las facturas y después enviaba esos recursos a otros países “según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack”.
Señaló además tener “evidencia” de que por lo menos catorce sociedades colombianas acudieron a este método para “transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales” y con ello manipulaban sus declaraciones de renta, “las cuales no reflejaban la realidad”.