Con la detención de jesús santrich para atender una solicitud de extradición presentada por un juez del Distrito Sur de Nueva York, han salido a la luz grandes vacíos en el acuerdo de paz con las Farc y su implementación, los cuales muestran la gravedad de someter a Colombia a un compromiso endeble y que no garantiza el fin de las actividades que han sido combustible del conflicto.

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En la solicitud de extradición contra santrich y sus socios civiles, la justicia estadounidense los acusa de haber conspirado entre julio de 2017, seis meses después de firmado el acuerdo del teatro Colón, y abril de 2018, para enviar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. La conspiración fue seguida por un agente encubierto de la DEA, que obtuvo diferentes pruebas, algunas de ellas ya filtradas a los medios de comunicación.

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Un hecho de la mayor gravedad, perpetrado por alguien que ostentó la calidad de negociador del acuerdo y hoy tiene la de miembro del comité político del partido Farc demuestra qué tan equivocada fue la decisión del gobierno de imponer a las Farc responsabilidades mínimas, algunas casi voluntarias, dentro de las actividades diseñadas en el capítulo 4 “solución al problema de las drogas ilícitas”. Mientras esa organización presume de desmovilizada, los cultivos ilícitos siguen creciendo; las rutas y contactos del negocio del narcotráfico siguen operando, y no es claro que hayan entregado la totalidad de sus bienes, a fin de reparar a las víctimas. Con esta causa contra uno de los beneficiarios de las diez curules de las Farc en el Congreso, quedan abiertos múltiples interrogantes sobre la participación de otros integrantes de ese comité político en el negocio del narcotráfico.

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Unos vacíos que se anuncia propiciarán nuevos choques de trenes entre instituciones, y grandes inconvenientes al país, son los relacionados con la falta de marco jurídico para la JEP, dado que no se ha publicado la sentencia sobre el acto legislativo que la crea ni se ha proferido alguna sobre su ley estatutaria y en tanto el Gobierno devolvió el proyecto de ley sobre sus procedimientos. Gracias a esas faltas, y su inocultado afán de visibilidad, la presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares, reclamó para esa jurisdicción un proceso que, según el acuerdo final, es competencia de la justicia ordinaria, toda vez que los hechos objeto de investigación son posteriores a su firma. Siendo tan inoportuna, resta esperar que la mediática salida de la magistrada Linares obedezca sólo a afán de protagonismo.

El vacío que apenas asoma, pero no es menor, es el relativo al mecanismo por el cual las autoridades electorales y judiciales podrán aplicar a la curul que santrich ocuparía en la Cámara de Representantes, el castigo de la silla vacía, que rige cuando opera pérdida de investidura por delitos como el narcotráfico. La solidaridad de cuerpo mostrada en la agresiva respuesta de las Farc a la acción del Estado que se han comprometido a acatar muestra que existen razones para exigir de las autoridades que hagan valer una disposición concebida para moralizar el Congreso.

Con los hechos denunciados por la justicia estadounidense el acuerdo con las Farc entra a su más difícil etapa, una que exige transparencia de ese grupo, si la puede ofrecer, y máximo rigor al Gobierno y los órganos de justicia, para actuar en el marco de las instituciones y poniendo la ley por encima de toda pretensión.

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