Dentro del escenario de simplificar las actividades estatales y generar un ambiente de mayor seguridad jurídica se ha venido proponiendo la unificación de las actividades de regulación y control de los servicios públicos, lo que en la práctica es reducir la capacidad de la intervención del Estado en estos servicios, consolidar su liberalización y fortalecer la actividad de policía administrativa.

En el actual grado de desarrollo económico del país, en mi criterio se trata de una propuesta inaceptable, pues en el fondo lo que se busca es eliminar la teoría del servicio público y permitir que los prestadores actúen con completa libertad, donde sea la iniciativa privada la regla de derecho principal que se aplique en el sector, de tal manera que esos prestadores se rijan por un régimen asimilable al de los proveedores de otros bienes y servicios.

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Los motivos que llevaron al legislador a crear las comisiones de regulación, una vez entró en vigencia la Constitución de 1991, no han desaparecido y por el contrario han tomado mayor vigencia, pues se requiere de la intervención del estado para: (i) promover la competencia y generar un ambiente que permita el ingreso de nuevos prestadores de servicios; (ii) la adopción de medidas eficaces en protección de los usuarios, que impidan que los prestadores abusen de su posición dominante frente a los usuarios, (iii) se adopten fórmulas tarifarias orientadas no sólo a costos, sino que además sean solidarias y redistributivas y (iv) se adopten las medidas necesarias para lograr la universalización de los servicios de tal manera que todas las personas puedan tener acceso a los mismos.

No sería responsable que sin cumplir tareas como las descritas, se adopte la decisión de suprimir las comisiones de regulación y dejar que sean la fuerzas del mercado las que determinen la conducta a seguir de los agentes económicos que intervienen en el mismo, sólo sujetos a leyes económicas, como la libre competencia y limitar la actividad del estado a la actuar como policía administrativa que cumplen una función remedial cuando un determinado competidor abandona el cumplimiento de los fines que le son propios.

La existencia de la teoría del servicio público se fundamenta precisamente en el reconocimiento de que es necesaria la intervención del Estado, para lograr que todas la personas puedan acceder al suministro de los servicios públicos, que satisfacen necesidades esenciales de todas las personas y para adoptar medidas que permitan la protección de los derechos de las personas mas vulnerables en la sociedad, lo que hasta ahora es un propósito no cumplido, y la supresión de los entes reguladores no representa un avance en este sentido y por el contrario, es la renuncia del Estado al cumplimiento de la una de las funciones esenciales que justifican su existencia.

Si bien la unificación de las actividades de “regulación y control de los servicios públicos” ha podido realizarse en algunos estados, en el caso colombiano, se trata de una decisión que no es recomendable, pues la realidad económica y social en la que actualmente se prestan los servicios, aconsejan lo contrario, pues es notoria la ausencia de medidas en especial para incrementar oferta de servicios, proteger los derechos de los usuarios y lograr que estos servicios sean prestados en condiciones de alta eficiencia en la totalidad del territorio, tal como se deriva del mandato del artículo 365 de Carta.

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Para nadie es un secreto que en actualidad existen varias omisiones regulatorias y que le ha correspondido a la Corte Constitucional adoptar medidas que debieron ser adoptadas por autoridades administrativas, tal es el caso de: (i) la reglamentación del derecho de acceso al mínimo vital del servicio; (ii) la adopción de acciones afirmativas a favor de la población vulnerable; (iii) reglamentar la prestación del servicio por parte de comunidades organizadas, … para solo mencionar algunos casos.

En conclusión, al contrario de lo que se propone Colombia necesita una mayor especialización de los organismos reguladores y su fortalecimiento y que se tenga claro que la tarea de la regulación en nuestro país cumple una función económica y social, tal como lo indicó la Corte Constitucional desde la sentencia C-150-03.