El paro nacional de estudiantes de las universidades públicas del país iniciará con una velatón en la noche de este miércoles y a partir de este jueves (11 de octubre) y hasta el domingo 21 de este mes, adelantarán diferentes actividades, como la Toma de Instituciones Públicas, ciclovías, Toma de Vías Nacionales y Plazas Públicas, y camping en distintos lugares de las principales ciudades del país.
Un día histórico para la educación superior en Colombia se vivió este miércoles. Miles de estudiantes, profesores, administrativos y hasta padres de familia de las 32 universidades públicas del país, además de los estudiantes del Sena, de las demás instituciones de educación superior públicas y de las universidades privadas salieron a marchar en las principales ciudades.
La petición al unisono fue clara, “exigimos al gobierno de Iván Duque el rescate urgente a la educación superior pública”, expresó Alejandro Palacio, estudiante de Ciencia Política y Economía de la Universidad Nacional y presidente de Acrees, quien argumentó que la crisis financiera, que suma $18,2 billones y que el Estado adeuda a las instituciones de educación superior se debe “reparar, solucionar, dictar medidas de fondo para garantizar que en 2019 las universidades cumplan con sus bases misionales y no tengan que sacrificar en calidad o amplitud de cobertura porque la crisis continúa”, dijo.
Al término de las marchas de este miércoles, el Movimiento Estudiantil Colombiano convocó a un paro nacional, y es que los estudiantes coinciden en afirmar que es la mejor forma de protestar consiguiente a las movilizaciones para buscar una “educación como derecho fundamental, autónoma y democrática”, declaró Jennifer Pedraza, representante Estudiantil al Consejo Superior de la Unal y miembro de la Acrees.
El tiempo se acaba, las movilizaciones que ha emprendido la universidad pública en Colombia han estado encaminadas a incluir en el Presupuesto General de la Nación de 2019 más recursos para superar esta crisis, dado que este 20 de octubre se aprueba en el Congreso dicho PGN.
No basta con que el presupuesto para el sector educación sea uno de los más gordos para el próximo 2019, de 33,6 billones y sólo superado por el sector Defensa; de ese valor, se estima que solamente el 10% represente el financiamiento de la universidad pública.
En las cuentas de los estudiantes, los profesores y los administrativos de la educación pública colombiana se habla que las universidades estatales necesitan $500.000 millones para cerrar este 2018; además de 3,2 billones para gastos operacionales y 15 billones para saldar la deuda histórica en materia de infraestructura y calidad educativa.
Para Javier Ortiz, presidente Regional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, Acrees, el mandatario Iván Duque está buscando descargar la crisis en la comunidad educativa como una forma de alivianar el déficit y faltantes de $18,2 billones.
Él declaró que los estudiantes lamentan que el gobierno en lugar de asegurar los recursos que hoy necesitan con urgencia las universidades públicas, “esté planteando propuestas que restringen y condicionan aún más la autonomía de los claustros de educación públicos”.
En uno de los comunicados emitidos, recientemente, por la Acrees se establece que el gobierno de Duque “busca hacer ‘uso intensivo’ de la Financiación Contingente al Ingreso (Ley 1911/2018), cuyo objetivo es que a través de un crédito sean los estudiantes y las universidades, ya no el Estado, los que carguen con los costos de la educación superior en Colombia”, ante ello la cartera de Educación nacional aún no se ha pronunciado.
Entretanto, los estudiantes de las IES, Instituciones de Educación Superior Públicas, contemplan en el primer escalón de su pliego de peticiones el incremento presupuestal “urgente” de $4,5 billones. “Somos claros en exigir al gobierno reconocer el déficit y hacer un aumento inmediato”, añadió Ortiz.
No obstante, el SUE, Sistema Universitario Estatal, está pidiendo sólo los $500.000 millones para el cierre de este año, y ante ello, Alejandro Palacio se preguntó: ¿O sea que veremos el otro año a los rectores pidiendo migajas para sostener las universidades si solamente lo se aprueba este monto? Mostrando el total rechazo de los estudiantes ante esa petición, que además califican como un “trámite no estructural”.
Entre las peticiones al gobierno, también, está el devolver al sector ciencia, tecnología e investigación “lo que se le ha quitado”, unos $2.700.000 desde hace seis años, eso sí, sin castigar el presupuesto de investigación, pues según lo explicó Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, está demostrado que es “un presupuesto que se puede asignar, sería sólo atribuir el monto equivalente al 2012, el año previo a la desfinanciación, cuyo valor corresponde a $700.000 millones.
Después de lo cual, los estudiantes solicitan a Duque un aumento de presupuesto “digno” para el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) y la Esap (Escuela Superior de Administración Pública). En este punto se necesitaría un “aumento real de 34% para el Sena, que representaría unos $424.000 millones, el equivalente a la propuesta inicial de aumento a la entidad y un aumento real del 10% para la Esap, que permita comenzar a resolver sus problemas de infraestructura, vinculación docente y bienestar universitario en todo el país”, según se argumentó en un comunicado de la Acrees.
En cuanto a las peticiones referentes a los créditos sin interés y transparencia con los recursos en las universidades privadas, los estudiantes de educación superior pública del país consignaron en su pliego de peticiones que hayan “créditos sin interés (interés real 0%) para todas las modalidades de crédito del Icetex, incluyendo los créditos que ya han sido otorgados y, naturalmente, los que están por venir”.
También, se contempló la petición de aumento presupuestal a las ITT’s (Instituciones Técnicas y Tecnológicas de Educación Superior), pues dado que la mayoría de ellas son financiadas con recursos de carácter departamental y que estas también están sufriendo las consecuencias de la crisis de la educación superior en términos de calidad, los estudiantes piden al gobierno “asignar los recursos aproximados desde el Presupuesto General de la Nación, y distribuirlos según las necesidades propias de las ITT’s en cada departamento”.
Finalmente, hacen parte de esta baraja de peticiones el plan de pago para la deuda histórica que tiene el Estado de $18,2 billones para que el déficit se salde en los próximo 10 años; la derogación de la Ley 1911 de 2018 sobre la financiación contingente al ingreso; no condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación; derogar también la Ley 1714 sobre inspección y vigilancia a las universidades públicas y privadas, ya que afecta la autonomía de la institución, y respeto y garantías para las movilizaciones, como la vivida este miércoles.
La promesa de la ministra y Duque
Aunque María Victoria Angulo, ministra de Educación, anunció que el Gobierno tiene $500.000 millones adicionales para este sector en el presupuesto de 2019, con lo cual se pasaría de 3,4 billones en el 2018 a 3,9 billones el próximo año, los voceros de la Unees (Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior) descalificaron la adición del Gobierno porque la consideran un “paño roto para secar lágrimas”.
Afirman que dicha adición no representa una solución estructural a la crisis por la desfinanciación que vive la universidad pública en Colombia y se mantienen en la posición de que urge un cambio de la Ley 30.
La ministra de Educación insiste en que es una prioridad para el gobierno de Iván Duque la educación pública en el país, y declaró que una forma de sustentarlo es el haber pactado que en el presupuesto del 2019 se destinarán $41 billones para el sector educación, lo cual ya representa un incremento, pues para este 2018 fueron $37 billones, “esto representa más del 15 por ciento del total del presupuesto de la Nación", sustentó ella.
Y aunque ese ministerio aún puntualmente no se refiere a la petición de estudiantes, maestros y directivos de la educación superior pública del país de que el presupuesto para las universidades estatales ascienda a 4,5 billones en el 2019, lo cierto es que “no se ve la intención de hacerlo, ni el ánimo de tramitarlo y sólo hemos recibido evasivas del Gobierno a una acción concreta que urge para poder seguir funcionando”, declaró Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, y rector de la Universidad de Córdoba.
Ante ello, María Victoria Angulo reconoció que no es viable especular que en un año se van a entregar los $3,2 billones de pesos de la deuda histórica con las universidades; lo que sí dijo que puede ser tangible es “hacer la promesa certera de que para el 2019 hay una adición y de ahí un aumento gradual para los años venideros, dando mayores recursos no sólo a la base sino a la inversión de las universidades”, explicó ella a medios nacionales.
Igualmente, la jefe de la cartera reconoció la “deuda histórica” de $15 billones en infraestructura, pero en su criterio, esos dineros hacen parte de inversiones que han debido ejecutarse con anterioridad.
Cabe destacar que, por su parte, el presidente Duque, en el décimo taller Construyendo País, realizado en el municipio de Garzón, departamento del Huila, este sábado 6 de octubre, expresó que el próximo 20 de este mes será presentada la nueva política pública de educación en el país, en la que, según adelantó, se contempló gratuidad progresiva para los estudiantes en la educación superior, el fortalecimiento económico de las instituciones públicas y la estructuración de un nuevo Ser Pilo Paga. Declaraciones a las que Santiago Lagos, copresidente nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, Acrees, expresó: “No existe confianza en esas palabras, el llamado es a continuar en la movilización, si seguimos unidos, seguramente vamos a lograr lo que estamos exigiendo”.
Finalizó Duque: “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes y los entiendo porque quieren tener una buena educación. Tenemos dificultades para satisfacer todas las necesidades en ocho semanas de Gobierno, hemos hecho los esfuerzos de verdad y lo que puedo decirles a los colombianos es que mi compromiso será darle más recursos a la educación”.
Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica; Juan Carlos Reyes Ocampo, de la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín Ríos, de la Universidad del Quindío, y Luis Orlando Aguirre Rodríguez, profesor de la Universidad Industrial de Santander, son los cuatro profesores quienes confirmaron harán huelga de hambre, a partir del 16 de octubre, para exigir apoyo del Estado, ante la problemática de la desfinanciación en instituciones de educación superior públicas en el país.
En una carta dirigida al Gobierno Nacional, los docentes universitarios expusieron que ha “brillado un extremo mutismo” en la entrega de respuestas a las peticiones presentadas por estudiantes y profesores sobre la crisis.
“Ni una sola frase, ni un solo vocablo con luz o esperanza, ni una sola palabra que permita vislumbrar que al menos se ocupan del asunto o que están dispuestos a construir un diálogo que permita concertar una política de financiación, que resuelva en conjunto la grave situación por la que atraviesa el sector público de la Educación Superior”, escribieron en la misiva.
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