Con nueve actos legislativos y dos leyes estatutarias tramitadas por fast track, procedimiento expedito menos democrático que el criticado “pupitrazo” que suele marcar el fin de las legislaturas, culminó el pasado jueves 30 de noviembre el período en que la Corte Constitucional habilitó el recorte del procedimiento legislativo, o sea el análisis y la discusión que maduran las leyes, a fin de agilizar la aprobación de normas que desarrollaran el acuerdo del Teatro Colón, con el que el presidente Santos revivió el pacto negado por la ciudadanía en el referendo del 2 de octubre. El carácter de las normas aprobadas refleja el cumplimiento del Congreso al acuerdo del Gobierno y las Farc.

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Al cierre del trámite de estas normas de implementación del acuerdo, medianamente enriquecido por la deliberación que la Corte Constitucional autorizó en sentencia del pasado 17 de mayo, el Congreso emitió nueve actos legislativos sobre los que la opinión pública aún no inicia su estudio y comprensión, a fin de dimensionar, fuera de la propaganda, su impacto sobre las instituciones pilares del orden democrático y guardianas del respeto por sus reglas de juego, que son las verdaderas bases en que se asienta la paz. En efecto, aún no se conoce el contenido de decisiones que transformaron la participación política y la justicia, que rompen el orden constitucional y que nos imponen pronunciarnos posteriormente a espacio. Otras normas tramitadas, como aquella llamada de “prohibición del paramilitarismo”, que simplemente confirman la norma constitucional sobre monopolio de las armas en manos del Estado, son redundancias que demuestran la presión de las Farc sobre el Gobierno y el Congreso.

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Especial atención han de prestar los demócratas al autoritario manejo que el Gobierno y sus aliados tanto en la política como en los medios de comunicación le están dando al proyecto, que consideramos hundido por decisión parlamentaria, que creaba 16 circunscripciones electorales en zonas especialmente afectadas por el conflicto y que, en virtud de hábil tergiversación, se han presentado como medios para la participación “de las víctimas”. Enteradas de los riesgos y micos que el Gobierno y los ponentes le pusieron a ese acto legislativo, las organizaciones legítimas que representan a las víctimas con total independencia reclamaron que en vez de aprobarse tal ley, se definiera un mecanismo democrático y plural para que las organizaciones legítimamente constituidas tengan representación en la próxima legislatura, para la que sí se otorgaron gratuitamente curules a dedo para las Farc. A los voceros de esta demanda, el Gobierno, y los medios de comunicación que se prestan como instrumentos de propaganda, intentan imponer una votación que los expertos declaran ilegal, por haber sido convocada sin atender el reglamento del Congreso, y fracasada, en tanto no se cumplieron las mayorías exigidas para esos proyectos. La confusión, que no es de poca monta, exige a la Corte Constitucional una revisión severa en la que primen su obligación de velar por la vigencia de la Carta Política y su independencia del Gobierno que eligió a la mayoría de magistrados.

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Desde el lunes 4 de diciembre, cuando se reanudan sus reuniones ordinarias sin la presión del fast track, el Congreso tiene la responsabilidad de continuar con el análisis de actos legislativos y leyes ya presentados por el Gobierno (ver infografía en última página), dándoles su primera discusión. Aunque los congresistas parecen más ocupados en sus campañas a las elecciones de marzo de 2018 que en el proceso legislativo, sobre sus hombros recae la enorme responsabilidad de configurar normas sobre lucha contra el narcotráfico y sobre la reforma agraria integral, que habrán de culminar su tránsito en el Congreso 2018-2022. En él, y por cuenta de la generosidad del acuerdo final, las Farc gozarán de curules que les permitirán controlar casi el 10% de las cámaras, aumentando su presión sobre estos campos.

Las normas aprobadas por fast track, imponen grandes responsabilidades a los guardianes de la democracia: la Corte Constitucional, responsable de la revisión de las decisiones que el Congreso tomó en este período, y ojalá de divulgar sus sentencias con la celeridad que estos temas imponen, y la ciudadanía, que en las elecciones de marzo y mayo de 2018 deberá definir cuál es el futuro de la democracia y la República.