La clínica El Country de Bogotá anunció el pasado 9 de junio que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ingresó a ese centro médico a causa de un dolor abdominal. Después de los exámenes de rigor, los especialistas diagnosticaron la presencia de un “Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes”, es decir, presencia de cáncer linfático.

Los oncólogos determinaron que su tratamiento requería de seis ciclos de quimioterapia, con intervalos de 21 días, que se realizarán de forma ambulatoria y tomarán cerca de cinco meses.
La clínica comunicó que “durante este proceso tendrá incapacidad médica parcial para la administración de la quimioterapia, pero dicha enfermedad y tratamiento no le impiden desarrollar actividades profesionales”. Asimismo, El Country determinó que el pronóstico de la enfermedad es positivo.

Gaviria Uribe fue atendido sin dilaciones, de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación y el mejoramiento de su salud, con medicamentos apropiados y procedimientos pertinentes, como lo establece la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 de 2015.
Pero la historia es diferente con otros colombianos, un gran número, arropados por las mismas leyes, por la misma Constitución. Precisamente la Carta Magna, en su Artículo 49, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Pero no es más que un saludo a la bandera, un grito mudo. Ciudadanos que se cuentan por miles esperan ser atendidos, pero el sistema los hace esperar, aunque sus enfermedades requieran de un diagnóstico urgente, de una atención adecuada y de un tratamiento oportuno, como sucede con el cáncer.
Al respecto, el oncólogo Jorge Morales Gil explicó que “la pregunta es ¿por qué si a nivel mundial el cáncer de niños es curable por encima del 90%, en Colombia la mortalidad es del 50%, teniendo la tecnología para competir a nivel internacional, el talento humano, los insumos y el equipamento para estar en estándares internacionales y mundiales de salud en cáncer?”.
Morales Gil explicó que no todas las personas son atendidas inmediatamente, incluso al momento de requerir un diagnóstico a tiempo, prevención y priorización, pues en el sistema de salud colombiano, en sus palabras, no importa si es un niño, un adulto o en la tercera edad: todo es demorado. 

“Hoy hay pacientes esperando hace más de un año una cita de atención en oncología. Ya el paciente cuando lo van a atender o se murió o su condición ha avanzado. Entonces no hay una priorización por la atención de los pacientes con cáncer y su estado se descubre cuando la enfermedad ya está muy avanzada por causa de las  mismas limitantes del sistema”. 
Por su parte Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, expresó que si bien no se trata de desearle una mala experiencia a Alejandro Gaviria con la enfermedad, es notable que no todos los casos se resuelven de tal manera. “Saludamos que al ministro de Salud le hayan hecho un diagnóstico precoz y ojalá el tratamiento sea exitoso. Pero infortunadamente en el sistema de salud hay mucha desigualdad, grandes inequidades, entonces no se está cumpliendo lo que dice la Ley estatutaria en salud: que la salud es un derecho y que todos los ciudadanos deben recibir igual atención”.

En ese sentido y atendiendo a la mencionada ley 1751, el presidente de Asmedas reclama que todos los pacientes accedan a los mismos tratamientos: “Deseamos que ese derecho que tiene el ministro sea un derecho de todos los ciudadanos del país y que los medicamentos a los que va a acceder el ministro, sean los mismos a los que tienen derecho todos los ciudadanos del país como lo está ordenando la Corte Constitucional y la Ley Estatutaria en salud”, sostuvo Reyes Forero. 

En este caso no puede dejarse de lado, según los expertos consultados, que la desigualdad en el sistema de salud no ocurre solo con quienes padecen la misma enfermedad que el ministro Gaviria, sino “más que la problemática de los pacientes con cáncer es para todos los usuarios que están viendo limitada la atención en salud por cuanto las clínicas y hospitales en Colombia vienen restringiendo una serie de servicios”, expresó Juan Édgar Marín, gerente de Servicios y vocero de la alianza Somos 14+1.  

Para Marín, la crisis de la salud que genera esta desigualdad va mucho más allá porque “no solamente son los pacientes con cáncer, son también los trasplantados por ejemplo, que se están viendo muy afectados y donde muy probablemente, si no llegan los recursos a tiempo, esto se va convirtiendo en una crisis humanitaria”.

El sistema de salud colombiano experimenta más enfermedades que curas. “Muchas personas han fallecido y algunas de esas muertes se pudieron evitar, porque no se dio con oportunidad la atención. Quisiéramos que todas las personas tengan las mismas oportunidades, todos: ricos, pobres, blancos, negros, niños, adultos, todos tuvieran esa oportunidad y esa promesa de garantizar el derecho a la salud por lo menos que está en la Ley 1751”, detalló Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio de Salud de la Personería de Medellín. 
Cuando es negada una cita con especialista o no se autorizan operaciones urgentes, entre otros, la Personería asesora a los pacientes en la formulación de derechos de petición y tutelas.

Tratando al cáncer
Un informe realizado por la Personería titulado Acceso a derechos fundamentales en salud, tutelas de la Personería de Medellín y de la Rama Judicial, Una opción de vida; detalló que, en cuanto a las personas que padecen cáncer, acuden a dicha instancia para exigir su derecho a la salud y a la continuidad de su tratamiento como médicamente es recetado. 
Por ello, “en lo que respecta a las solicitudes para quimioterapia y/o radioterapia se presentaron 128 casos en total (en 2016), con participación de las EPS del contributivo del 67,97% vs. 29,69% de las del subsidiado. Esta situación resulta preocupante para el Ministerio Público toda vez que las personas que requieren de este tipo de tratamientos no dan espera, pues se trata de cáncer”, señala el informe.

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En los casos que la Personería ha defendido, para concepto de Guerra, están atravesados por la barrera del convenio, lo que puede implicar que si una EPS tiene un acuerdo con una IPS un mes y al siguiente no, el paciente deberá acudir desde cero a otro lugar, por lo que “el tema de cáncer es muy complejo que porque se le acabó el contrato entonces pásela para otro lado o que me duele mucho entonces yo me lo suspendo; es una situación bastante compleja”, subraya la funcionaria.
En su orden, las EPS más entuteladas,  por parte de la Personería de Medellín, son Savia Salud,  Cafésalud, Coomeva, Sura y Salud Total, siendo el  régimen contributivo el más tutelado que el subsidiado. “Los que están hoy en Cafésalud están condenados a morirse, si el ministro fuera afiliado a Cafesalud el pronóstico fuera ese, como es particular el pronóstico es excelente. Pero un paciente hoy diagnosticado con la misma enfermedad, igualita, idéntica en una Eps si fuera en Cafésalud ese paciente está muerto”, opinó el oncólogo Jorge Morales Gil.

Además, Morales Gil explicó que aunque existen algunos cáncer más complicados que otros, no dejan de ser de especial cuidado, algo que no se está cumpliendo en el sistema de salud colombiano. “A él (ministro Alejandro Gaviria) le dio un cáncer de los más benignos, sin embargo si no lo atienden se muere, porque si no le hacen terapia oportunamente no va tener control de la enfermedad. Todos los cáncer necesitan tratamiento”.

“Por ejemplo, Savia Salud atrasa las órdenes de servicio, entonces atienden al paciente a los dos, a los tres, a los cinco o a los siete meses y como tiene cartera tan alta con las instituciones estas no le prestan servicio. Les importa un comino si es un cáncer de mama, si es una leucemia o si es en un niño; no hay atención prioritaria”, subrayó el oncólogo.
Y es que en cuanto a la atención prioritaria que deberían tener, por ejemplo, los menores de edad, cabe resaltar que en los cuatro primeros meses del año la Personería ya registraba 315 tutelas para atención de niños entre 1 y 6 años, 410 de niños entre 7 y 14 años y 220 para jóvenes entre 15 y 18 años. “A esta población, que es de especial protección, no se le garantiza el derecho como debe ser”, explicó Diana Guerra.

Barreras de acceso
Este es tal vez, según las fuentes consultadas, un problema generalizado del sistema de salud colombiano que lo que hace es poner una serie de obstáculos para que el afiliado no continúe acudiendo a los servicios a los que tiene derecho, lo cual plantea otro factor para la desigualdad.
En ese sentido las barreras de acceso son de orden administrativo y comprenden desde estar afiliado al sistema de seguridad social o no, si la IPS a la cual se le remitió tiene contrato con la EPS,  si hay autorización, que el medicamento no está en el sitio sino en otro municipio hasta decir que no hay todos los medicamentos sino que solamente uno. “Ese es un tema estructural del sistema de seguridad social en salud que cuestiona la Corte Constitucional”, explicó Germán Reyes, presidente de Asmedas.

Para Reyes “el truco” de anteponer estas barreras de acceso para los usuarios, es para  que los intermediarios económicos, es decir las EPS, “se queden con la plata; no dan autorizaciones, no pagan al prestador, que son los hospitales, o demorando los pagos. Por eso hoy tenemos esa gran deuda de las EPS con los hospitales públicos y con los privados, porque ese es el negocio de ellos”.
Para el tratamiento del cáncer también existen obstáculos, al punto de volverse una causa de deceso en el país, pues “en colombia se mueren el 50% de los pacientes con esta enfermedad por la barrera de acceso”, apuntó Morales.

Aunque en el caso de las tutelas interpuestas por la Personería en ocasiones son contra un prestador de salud (hospital o clínica), es importante resaltar que estos tienen grandes deudas por causa de lo que les adeudan las EPS, quienes “limitan la red de oferta porque los especialistas han venido renunciando y los proveedores no entregan los suministros o los dispositivos médicos. No es que la clínica lo quiera hacer, es que la cartera hospitalaria sigue creciendo y no hay una medida de quiebre donde uno vea acciones efectivas de las EPS y del Gobierno Nacional”, expresó Marín vocero de la alianza Somos 14+1.

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Agregó que en la actualidad las EPS les deben a los hospitales y clínicas que conforman la alianza 2 billones de pesos, de los cuales 476.000 millones de pesos los adeuda Savia Salud. Para él, lo que ocurre hoy en día con el sistema colombiano es “un problema social, una crisis humanitaria, porque la gente no puede acceder a los servicios de salud de manera oportuna”.