Con la infame jornada en que usó el garrote del Estado para agredir (léase asesinar) a los disidentes, chantajear a los necesitados y sumar los votos que necesitaba, el chavismo impuso los 545 miembros de la Asamblea Constituyente que sesionará en el recinto de la Asamblea Nacional, órgano que, con la Fiscalía, pretende desaparecer del panorama institucional del Estado venezolano. Con estas decisiones, Nicolás Maduro y la camarilla que lo acolita destruyen cualquier vestigio de democracia republicana en el país y confirma al actual presidente, o a cualquiera del grupo que tome su lugar, como dictador.

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El salto impulsado desde el Palacio de Miraflores, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, y apoyado en los resortes de la Guardia Nacional y la Policía, encontró murallas de contención en los organismos multilaterales y los gobiernos democráticos que ya anunciaron que desconocen la elección, por considerarla espuria. De esta manera declaran inválido el arrasamiento de la institucionalidad venezolana.

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Los personeros de sólidas democracias, como las de la Unión Europea, la Suiza o la estadounidense, han tomado acciones inmediatas contra el dictador. Las de bloqueo de bienes y prohibición de negociar con él, impuestas por el gobierno estadounidense contra Nicolás Maduro, son civilizadas decisiones que no arriesgan el poco bienestar que les queda a los venezolanos, sino que fija límites a quien abusa de ellos. Las de amparo protector por dos años ofrecidas a ciudadanos que han huido y entraron legalmente a Colombia tienden la mano a los hermanos y dan señales a otros pueblos para que ofrezcan soluciones a los ciudadanos agobiados. En esta mala hora, los organismos de derechos humanos están llamados a desplegar toda su capacidad vigilante para hacerse guardianes de la vida, la libertad -o lo que de ella les queda- y el bienestar de los valientes líderes de la MUD y los exchavistas, ciudadanos que dan ejemplo de civilidad, resistencia y convicción en la fuerza de la democracia.

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