Algo produce desconfianza en la reforma que quieren precipitar en la rama electoral. El afán es un ingrediente peligroso en esta materia. Y no se trata de desconocer las buenas intenciones de quiénes son los encargados de divulgar la propuesta de los verdaderos estrategas. Pero, se percibe un ambiente enrarecido como el que caracterizó la fase previa a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Quiénes tenían el deber de pronunciarse desde la Rama Judicial y advertir sobre los riesgos de esta justicia impuesta por las Farc, guardaron un desconcertante silencio, cuando aún tenían posibilidad de influir en la toma de decisiones, o se pronunciaron a última hora, cuando ya no había nada por hacer. Pusieron oídos sordos a las estudiadas advertencias de juristas muy calificados, como Jaime Castro, de cuya profundidad como constitucionalista y seriedad de hombre de Estado nadie duda. Hoy, el asesor extranjero que la concibió, parece tener más poder e influencia en Colombia, que cualquiera de nuestros ilustres magistrados y jueces.

Vuelve y juega, y esta vez con la rama electoral, justo cuando las Farc hablan de gobiernos de transición y en círculos del poder se estudian hipótesis como la de prolongar el período presidencial por dos años. Algo hay de fondo, que aún no nos han contado.

Por estas razones, vale la pena ponerle mucha atención a las declaraciones del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien en esta materia se distanció del gobierno y de su partido, la U. Suena extraño y alarmante, teniendo en cuanta su habitual obediencia al Ejecutivo.

“En mi condición de presidente del Congreso quiero advertirle al país y a todos los colombianos que la creación de una súper corte electoral, de un cuarto poder electoral, es un gran riesgo para la democracia. Esa súper corte electoral va a poner en jaque a los poderes públicos. Al Ejecutivo, al Legislativo, a los alcaldes, a los gobernadores. Serían los cinco hombres más poderosos en la historia de Colombia, que claramente pueden destruir lo que hemos ganado en democracia y parecernos a Venezuela. Una súper corte que le quita funciones al Consejo de Estado, a la Procuraduría, a la Contraloría… Me parece que de verdad Colombia tiene que sentarse con juicio a analizar qué funciones quiere entregarle a este tribunal. Si así lo va a presentar el Gobierno al Congreso sería inmensamente grave y por eso hay que hacer esta denuncia pública, para que todos estemos alertas. Quieren traernos un modelo de Venezuela o Ecuador que no es bueno para este momento del país.”

Para contribuir al análisis temprano, también es necesario releer con detenimiento las declaraciones del Magistrado Héctor Elí Rojas, donde dice, entre otras, que “no es presentable que un Presidente cuya campaña está sub judice esté promoviendo la reforma de la organización que está adelantando esas investigaciones, porque va a cambiar su juez natural” Advierte además: “El Presidente debe ser claro si eso fue lo que se acordó, que el pueblo lo sepa y el Congreso sepa que vamos a cambiar la estructura del Estado y vamos a crear nuevas cortes…”

Alarmante la conclusión del presidente del Congreso, que tiene por qué saberlo: “Una Súper corte electoral, con un poder omnímodo y omnipotente, terminaría arrodillando la democracia”.