Los recursos públicos de la salud en Colombia, no aguantan más desangre, más hemorragia y más corruptela. Resulta que esta semana, se divulgó la información acerca de que se habían identificado 178.237 afiliados inconsistentes en el sistema de salud. Esa cifra estrenduosa corresponde a personas que habían fallecido, que ya se habían desafiliado y que se habían cambiado de régimen (entre el subsidiado y el contributivo), pero que aparecían “extrañamente” con el rótulo del registro de activos (sí, de activos) en la base de datos única de afiliados.

Extrañamente se hizo una depuración en Colombia de esta magnitud (parece inconcebible que ocurra después de ver tanta podredumbre y tanta desidia) y la llevó a cabo el Adres (Administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud). Se ha divulgado que el descubrimiento de esta magna auditoría, ahorrará mensualmente la suma de $ 8.200 millones en el régimen subsidiado y $ 300 millones en el régimen contributivo. ¿Cómo sería el roba-roba en este entramado? ¿Cuántos sacaron tajada de este chanchullo? ¿Será que el Adres iniciará los procesos de recuperación de los recursos?

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Estaba recordando una nota periodística de El Tiempo, de comienzos de este año, en donde se aludía que por dieciocho vías se robaban la plata de la salud los corruptos. Y que la Fiscalía había detectado “robertos” a la salud por medio billón de pesos, un botín para los ilegales nada despreciable. En la pasarela de la deshonestidad, desfilaban: facturas y autorizaciones falsas, historias clínicas fabricadas, cobros por víctimas de accidentes de tránsito generadas por carros fantasmas, pacientes de papel, recobros por tratamientos de alto costo ficticios (cáncer – leucemia), etc. Y eso sin hablar de los carteles como el de la hemofilia, del síndrome de Down y del Sida.

Y como aquí hay de todo y para todos en el menú de los bandidos, la Fiscalía descubrió también los carteles de las gafas y de los tratamientos odontológicos. Toda una metástasis del pillaje que ha vuelto inviable el sistema. Se habla de verdaderas mafias que ni saben cuánto se han robado. Hay, además, redes en las EPS que se quedan con unidades de pagos cuantiosas, reportando usuarios fallecidos y recobros por servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud.

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De sobremesa, a comienzos de este año, la Procuraduría General denunció una nueva mafia en la salud pública: el cartel del VIH en Córdoba, que esquiló más de $ 50 mil millones. El caso Saludcoop no se queda atrás por lo desfachatado. Y hubo otro evento humillante, que se identificó como el de las “chapas” dentales de los adultos mayores, en Córdoba, en donde unos timadores conseguían los adultos mayores en los barrios populares y el cuento era sencillo: A un paciente que necesitaba dos dientes le facturaban ocho, y así se generaba el sobrecosto con el que, a su vez, se les pagaba la “mordida” a los funcionarios públicos venales. Otro método de este asalto a los recursos públicos ha sido el de falsear compras de equipos básicos de hospitalización cuando no procedía ninguna entrega.

Hay mucho delincuente de “cuello blanco” en esta asquerosidad. Faltan controles desde el Ministerio de Salud hasta la Supersalud sobre los recursos que se entregan a las regiones. Siguen rumbando los contratos a dedo, para los secuaces. Se pregunta uno: ¿Y las auditorías qué? El periodista Germán Manga, en una columna del año pasado en Semana.com, escribió sin ambages: “El sistema de salud, es un monstruo tomado por delincuentes y corroído por la corrupción”. Yo no veo cómo salir de este atolladero. Entre otras cosas, la corrupción aprovecha el desgreño administrativo de este país. Apagá y vámonos.