La liquidación de la Sociedad y la suspensión del proyecto Parques del río Medellín imponen altísimos costos que serán facturados a las generaciones futuras
El Concejo de la ciudad se ha declarado sorprendido con el proyecto de acuerdo para liquidar la Sociedad parques del río Medellín, que el alcalde puso a su consideración esta semana. Federico Gutiérrez sustentó su propuesta en que ella ahorraría a los gobiernos, a su gobierno, $100.000 millones, suma que aún no demuestra cómo ha calculado y qué porcentaje de ella responde a errores de su gestión. La argumentación oficial oculta que la liquidación de la Sociedad y la suspensión del proyecto Parques del río Medellín imponen altísimos costos que serán facturados a las generaciones futuras que tendrán que vivir, que no habitar, en el valle de Aburrá.
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La suspensión de la obra y la liquidación de la sociedad hermana, que no dependiente de la primera, desconoce, y en consecuencia malbarata, los esfuerzos invertidos por la Alcaldía, el Concejo de Medellín, académicos y expertos, además de ciudadanos, en la concepción, discusión y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (acuerdo 048 de 2014). Este propone una transformación del territorio para hacer de Medellín una ciudad saludable y sostenible, para ser habitada y disfrutada, que sustituya la ya gastada ciudad industrializada que cambió parques, corredores biológicos y laderas, por un agresivo urbanismo centrado en el carro y la producción.
Esa ciudad soñada y posible acordada en el POT vigente reconoce y adopta como privilegio, y no como obstáculo o barrera, la riqueza de tener un río como centro y eje estructurante de urbanización, y las quebradas, con la laderas que las albergan, como pilares de ese urbanismo y base de corredores ecológicos que incorporados a la gestión del territorio derivan en sustento de una sociedad sostenible, no la amenazada por ahogamiento derivado de la mala calidad del aire o por deslizamientos e inundaciones provocadas por la fragilidad de los terrenos equivocadamente urbanizados y dañados, generalmente en detrimento de las oportunidades y la vida de los más débiles.
Abandonar las posibilidades de gestión del desarrollo territorial de la ciudad confiadas a la Sociedad parques del Río (ver infográfico) implica también renunciar al pilar de sostenibilidad del POT asociado a la gestión de la tierra. Esa Sociedad asumió la responsabilidad de proyectos que implican la construcción de 120.000 nuevas viviendas, 20.000 de ellas de interés social, una construcción masiva de vivienda en zonas accesibles e integradas a la ciudad, no los extramuros abandonados, inédita en Colombia. La opción presentada por el actual alcalde favorece, como ha venido ocurriendo con los últimos POT, a los especuladores inmobiliarios, que forjan fortunas a costa del erario y los más pobres, gracias a las licencias que adquieren para presionar la expansión del suelo urbano y la exclusión de quienes apenas consiguen acceder a las viviendas de interés social.
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El urbanismo ha demostrado que la precariedad del espacio público es detonante de inequidad, exclusión y violencia. Como gestora urbanística responsable de realizar en su totalidad la estrategia Parques del río Medellín y 33 planes parciales asociados, la Sociedad parques del río Medellín, debe generar y gestionar más de 1.700 km2 de espacio público nuevo y dotado para que la ciudadanía pueda disfrutarla. Este espacio público pondría al río como eje integrador, y no como frontera que fragmenta la ciudad y las ciudadanías. No ha explicado aún el doctor Federico sus razones para esta visión, tan distinta de la presentada en su campaña, en 2015, cuando proclamó la necesidad “… de un gran parque para la ciudad, pensar ojalá de manera rápida y concreta con el sector privado, pensando en Empresas Públicas para que entre en el negocio de las concesiones viales (…) El río se necesita, el río es el integrador de la ciudad y el área metropolitana”.
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El proyecto de acuerdo que ha despertado inquietud entre los concejales, y el anuncio de voto negativo por muchos de ellos, tira al mar la llave de la confianza que las juntas directivas de tres de las más grandes empresas del país (ISA, EPM y el Metro) así como notables consultores depositaron en la palabra empeñada por la Alcaldía al crear la Sociedad hoy amenazada. Esta señal es un mensaje de inestabilidad a los socios que los exigentes jugadores de la economía interpretarán como indicador de irresponsabilidad, y por tanto razón para sospechar, de un posible aliado. Para EPM este paso es un retroceso y limitación a su crecimiento en nuevos campos de gestión en los que no estaría sometida al constreñimiento legal a sus actividades en servicios públicos.
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