La excanciller Delcy Rodríguez fue designada este sábado con el voto unánime de Asamblea Nacional Constituyente para presidir la "Comisión de la Verdad" de Venezuela, conformada para investigar los actos de violencia durante las protestas de los últimos meses.

La designación de Rodríguez, que además preside la ANC, fue hecha junto al sometimiento a votación de la propuesta del presidente Nicolás Maduro de "un proyecto de ley constitucional de la Verdad, la Justicia, y la Paz", indicó el secretario al presentar la moción en el debate para su votación.

Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la Comisión de la Verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que para esa fecha había cobrado ya una treintena de las muertes que a día de hoy supera el centenar.

La idea de esa comisión surgió después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destituida este sábado por la propia Asamblea Constituyente, hiciera una serie de críticas por la "excesiva represión" de los cuerpos de seguridad y desvelara una investigación que apunta a que la muerte de un estudiante en una protesta pudo ser causada por un militar y no por un manifestante como venía sugiriendo el Gobierno.

Las declaraciones de la funcionaria levantaron la crítica de varios políticos oficialistas, entre ellos el ministro del Interior, Néstor Reverol, que acusó al despacho de Ortega Díaz de propiciar con su inacción el clima de impunidad.

Lea más sobre: Asamblea Constituyente aprueba su funcionamiento por dos años

Desde entonces se inició una escalada de tensiones entre el despacho de Ortega Díaz y el Gobierno que llegó a su punto máximo este sábado con su destitución e inhabilitación, prohibición de salida del país y congelación de sus bienes por parte del Tribunal Supremo.

Lea también: La Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general de Venezuela

Ortega Díaz había abierto decenas de investigaciones a funcionarios del Gobierno de Maduro no solo por supuestos excesos en la actuación en contra de las protestas, sino también de altos funcionarios vinculados a casos de corrupción.